Las familias piden fechas y protección para el alumnado
La incertidumbre sigue instalada en el colegio San Ignacio de San Fernando. El concejal de AxSí Lolo Picardo ha reclamado al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía que concreten cuándo se derribará el edificio principal, clausurado tras ser declarado en ruina, y que aclaren qué ocurrirá después con el solar. La petición recoge las preocupaciones trasladadas por las familias, que reclaman información verificable sobre un expediente cuyo recorrido administrativo conocen de forma incompleta.
El inmueble fue declarado en ruina en enero de 2024 debido a daños estructurales, según ha explicado Sara Luna, vocal del AMPA. Más de un año después, en septiembre de 2025, quedó completada la modificación urbanística necesaria para permitir la demolición. Sin embargo, ese paso no se ha traducido, de momento, en una fecha pública para la ejecución de los trabajos ni en garantías sobre la construcción de un nuevo edificio educativo.
«Decir que el expediente está en marcha no es suficiente. Las familias necesitan saber en qué fase se encuentra, qué trámites faltan y cuándo se va a actuar».
La reclamación política se produce en un contexto especialmente sensible para la comunidad escolar. Aunque el inmueble principal permanece cerrado, el alumnado continúa accediendo al recinto para llegar a las instalaciones que siguen en uso. El AMPA ha expresado su inquietud por el estado de algunas vallas, por la distancia entre esas protecciones y el edificio clausurado y por el posible riesgo de desprendimientos. La cuestión, por tanto, no se limita al calendario de una obra: también afecta a las condiciones de acceso cotidianas.
Una espera que condiciona la vida del centro
Picardo ha pedido explicaciones sobre las medidas adoptadas para proteger a docentes y estudiantes mientras la demolición no se ejecuta. El representante de AxSí sostiene que debe precisarse qué zonas pueden utilizarse y cómo se garantiza que los menores lleguen a sus aulas sin riesgos. La formación andalucista reclama así que la seguridad no quede supeditada a la finalización de los trámites pendientes.
- Calendario: las familias piden una fecha concreta para el derribo.
- Información: reclaman conocer la fase del expediente y los pasos que aún faltan.
- Futuro del solar: solicitan garantías de que conservará su uso educativo.
- Protección: piden aclaraciones sobre las zonas de paso y las medidas frente al edificio clausurado.
El cierre del inmueble también ha reducido los recursos disponibles para la actividad escolar. Según las familias, el centro ha perdido la biblioteca, el salón de actos y otros espacios destinados a propuestas educativas, deportivas y de recreo. La clausura ha impedido además desarrollar el denominado aula del futuro, que se encontraba en preparación. El problema se proyecta, por ello, sobre la experiencia diaria del alumnado y sobre la capacidad del colegio para mantener actividades que formaban parte de su funcionamiento previsto.
La comunidad educativa reclama que mantener abierto el centro no se interprete como una solución suficiente. La petición incluye instalaciones y recursos considerados dignos para los estudiantes, así como una respuesta oficial que permita ordenar las expectativas de las familias. En un colegio donde una parte del recinto sigue utilizándose, la falta de información sobre la demolición y sobre la futura sustitución del edificio mantiene abierta una preocupación que combina seguridad, educación y planificación urbana.
Dos fechas que marcan el expediente
| Momento | Hecho señalado |
|---|---|
| Enero de 2024 | El edificio principal fue declarado en ruina por daños estructurales. |
| Septiembre de 2025 | Se completó la modificación urbanística que permite su derribo. |
| Situación actual | Las familias siguen sin conocer la fecha de demolición ni el futuro constructivo del centro. |
AxSí reclama ahora información oficial sobre el estado exacto del procedimiento, un calendario de ejecución y las medidas que permitirán compatibilizar los trabajos con la actividad del colegio. También pide que se garantice el mantenimiento del uso educativo del solar. Para las familias de San Ignacio, la respuesta que llegue de las administraciones deberá resolver no solo cuándo desaparecerá el edificio clausurado, sino cómo se recuperarán los espacios perdidos y con qué condiciones se desarrollará la vida escolar durante la transición.
