La Fiscalía de Navarra ha reclamado al Gobierno foral que revise el funcionamiento de algunos centros de acogida de menores tutelados, después de advertir de un elevado número de denuncias relacionadas con agresiones, amenazas, peleas y lesiones dentro de estas instalaciones. Entre las medidas planteadas figura la fijación de límites horarios, especialmente para las actividades vinculadas al ocio nocturno, con el objetivo de reforzar la convivencia y la organización diaria de los recursos residenciales.
La preocupación del Ministerio Público quedó recogida en la Memoria de la Fiscalía de la Comunidad Foral de Navarra. El documento señala que determinados episodios han obligado a solicitar en numerosas ocasiones la intervención policial. La referencia de la Fiscalía se centra especialmente en incidentes atribuidos a menores extranjeros no acompañados, aunque el texto reclama una respuesta orientada a mejorar el funcionamiento de los centros y la convivencia en su conjunto.
Dos reuniones con el Gobierno foral
Las fiscales delegadas de Menores abordaron esta situación con responsables de la Administración navarra en dos encuentros celebrados el 29 de abril y el 9 de octubre de 2025. En ambas reuniones participaron responsables de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, organismo dependiente del Departamento de Derechos Sociales, según la información recogida en la memoria.
| Aspecto | Dato recogido |
|---|---|
| Reuniones institucionales | 29 de abril y 9 de octubre de 2025 |
| Interlocutores | Fiscalía de Menores y responsables de la ANADP |
| Medida principal solicitada | Límites horarios, sobre todo para el ocio nocturno |
| Otra posibilidad planteada | Recursos diferenciados por sexos en determinados acogimientos |
Una petición centrada en las normas de convivencia
El Ministerio Público considera necesario elevar las exigencias organizativas en algunos de estos recursos. La propuesta no se limita a controlar las salidas, sino que plantea ordenar mejor el día a día de los menores y establecer reglas más claras para las actividades fuera del centro. La Fiscalía ha pedido estudiar la implantación de «unos mínimos niveles de exigencia en el día a día de algunos recursos, con limitación de horarios —especialmente de ocio nocturno—».
«Alarmante dato del elevado número de denuncias por acciones y conductas agresivas y violentas, amenazas y lesiones que tienen lugar dentro de estos centros».
La memoria también menciona la intervención frecuente de la Policía ante determinados conflictos. El documento no ofrece en la información disponible un desglose del número de denuncias, de los centros afectados ni de las actuaciones concretas realizadas en cada caso. Por ello, la advertencia fiscal se presenta como una llamada a revisar los protocolos y las condiciones de convivencia, más que como una relación detallada de incidentes individuales.
Junto a la regulación de los horarios, las fiscales han planteado valorar la creación de recursos residenciales diferenciados por sexos en determinados acogimientos especializados. La propuesta aparece vinculada a las características de algunos centros y no se formula, según el contenido disponible, como una medida general para todos los menores tutelados. Su eventual aplicación quedaría, por tanto, pendiente del estudio de la Administración navarra.
El reto de combinar protección y convivencia
La cuestión afecta a uno de los ámbitos más delicados de la protección pública: garantizar la seguridad y la atención de menores que se encuentran bajo tutela mientras se mantienen unas condiciones residenciales adecuadas. Las recomendaciones de la Fiscalía apuntan a la necesidad de compatibilizar esa protección con reglas de convivencia comprensibles, horarios definidos y recursos adaptados a las distintas necesidades de los acogimientos.
El contenido de la memoria sitúa ahora la responsabilidad en el Gobierno foral, que deberá valorar las medidas propuestas y decidir si introduce cambios en la organización de los centros. Hasta que se concrete esa respuesta, la Fiscalía mantiene abierta una preocupación que ya ha sido trasladada formalmente en dos ocasiones: que los conflictos registrados no se conviertan en una dinámica habitual y que los recursos residenciales puedan cumplir su función con mayor estabilidad.
- La Fiscalía alerta de denuncias por agresiones, amenazas y lesiones en algunos centros.
- El Ministerio Público pide estudiar límites para el ocio nocturno y normas de convivencia más exigentes.
- También plantea analizar recursos diferenciados por sexos en determinados acogimientos especializados.
