Una resolución que reabre la disputa
Las comunidades afectadas por la contaminación del Río Sonora informaron que un juez federal dejó sin efecto las resoluciones con las que autoridades ambientales pretendían dar por terminados los programas de remediación, monitoreo y medidas correctivas en las zonas impactadas por el derrame ocurrido en 2014.
Los Comités de Cuenca de Río Sonora (CCRS) señalaron que la decisión representa un revés para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), al considerar que ambas dependencias intentaron cerrar de manera unilateral los mecanismos establecidos para atender las consecuencias de la contaminación.
La resolución fue emitida por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, de acuerdo con el pronunciamiento difundido por los comités. El fallo, según la información proporcionada por las comunidades, ordena anular de inmediato las determinaciones administrativas que daban por concluidos los programas ambientales.
“La falta de transparencia y la exclusión de las comunidades en los mecanismos de reparación integral”.
Ese señalamiento forma parte de los argumentos con los que los CCRS describieron el criterio judicial. Las comunidades sostienen que las autoridades federales reprodujeron deficiencias que ya habían sido cuestionadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el amparo que originalmente protegió a la población afectada.
El punto central: participación y transparencia
El conflicto no se limita a la continuidad administrativa de los programas. La controversia también se concentra en la forma en que el Gobierno federal tomó decisiones sobre la reparación de los daños. Los comités denunciaron que la población no fue incorporada de manera suficiente a los mecanismos de definición y seguimiento, y que tampoco existió la transparencia necesaria sobre los acuerdos adoptados.
Para las comunidades, el fallo confirma que la actuación de las autoridades ambientales incurrió en los mismos vicios de inconstitucionalidad que habían motivado la protección judicial previa. En su pronunciamiento, los CCRS calificaron como una “simulación” la respuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo a las víctimas de la tragedia, una acusación que vincularon con la falta de claridad sobre el convenio suscrito con el consorcio minero.
El derrame de 2014 está relacionado con desechos tóxicos procedentes de una mina propiedad de Grupo México. Desde entonces, las comunidades del Río Sonora han exigido medidas de atención, vigilancia ambiental y reparación por los daños ocasionados. La nueva resolución coloca otra vez esos reclamos en el centro de la discusión pública y judicial.
Un convenio cuestionado por las comunidades
Los comités también cuestionaron que el Gobierno federal haya anunciado en febrero un convenio con el consorcio minero para remediar los daños, pero sin hacer público su contenido. Para los afectados, el ocultamiento de ese documento impide conocer los compromisos específicos, los responsables de cumplirlos y los mecanismos con los que se evaluará su avance.
La información disponible no detalla el alcance material de las medidas que deberán restablecerse ni fija un calendario para su ejecución. Sin embargo, el sentido de la resolución comunicada por los CCRS sí establece un límite a la decisión de cerrar unilateralmente los programas. En términos administrativos, las dependencias ambientales ya no pueden sostener esas determinaciones como si el proceso de remediación hubiera terminado.
| Elemento | Información reportada |
|---|---|
| Zona afectada | Cuenca del Río Sonora |
| Origen del conflicto | Derrame de desechos tóxicos ocurrido en 2014 |
| Autoridades señaladas | Semarnat y Profepa |
| Órgano judicial | Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México |
| Medidas involucradas | Remediación, monitoreo y acciones correctivas |
Lo que sigue para las comunidades
El pronunciamiento de los CCRS no presenta el fallo como el cierre del litigio, sino como una resolución que obliga a revisar las decisiones tomadas por las autoridades ambientales. Para los habitantes de la cuenca, el siguiente paso será exigir que cualquier mecanismo de reparación cumpla con condiciones verificables y considere la participación de las comunidades.
Entre los aspectos que permanecen bajo escrutinio se encuentran:
- La continuidad de los programas ambientales suspendidos o dados por concluidos.
- La intervención efectiva de las comunidades en las decisiones de reparación.
- La publicación del convenio anunciado entre el Gobierno federal y el consorcio minero.
- La transparencia sobre las medidas de monitoreo y corrección en las zonas afectadas.
La decisión judicial también mantiene abierta la discusión sobre quién debe evaluar los resultados de las acciones de remediación y con qué información. Sin datos públicos y sin participación de quienes viven en la cuenca, las comunidades consideran que no es posible verificar si las medidas responden a los daños que denunciaron desde el inicio del conflicto.
Los CCRS afirmaron que el fallo evidencia una continuidad en las prácticas que, a su juicio, han limitado el acceso de la población a una reparación integral. La acusación de “simulación” refleja el nivel de desconfianza entre los afectados y las instituciones responsables de conducir la respuesta ambiental.
La controversia tiene ahora un nuevo componente: las resoluciones de Semarnat y Profepa quedaron sin efecto conforme a lo informado por los comités, y el Gobierno federal deberá enfrentar nuevamente el reclamo de las comunidades sobre transparencia, participación y reparación. En el Río Sonora, el expediente ambiental iniciado hace 12 años sigue sin un desenlace aceptado por la población afectada.
