El Gobierno nacional habilitó la posibilidad de otorgar en concesión por peaje distintos tramos de las rutas nacionales 3, 25 y 26 en Chubut, dentro de una nueva etapa de la Red Federal de Concesiones. La medida quedó formalizada mediante el Decreto 1358/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, y publicado este viernes 13 de noviembre en el Boletín Oficial.
La decisión incorpora 27 rutas nacionales de 16 provincias al esquema que permite transferir a empresas privadas tareas de construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de corredores viales. Como contraprestación, los futuros concesionarios podrían financiar la operación mediante el cobro de tarifas y peajes, aunque la norma no implica que los usuarios deban pagar desde ahora.
Qué cambia para las rutas chubutenses
En el caso de Chubut, la disposición alcanza a la Ruta Nacional 3, que atraviesa la provincia y continúa hacia Santa Cruz, y también a las rutas nacionales 25 y 26, cuyos recorridos conectan distintos sectores del territorio provincial. El decreto establece el marco para que esos corredores sean considerados dentro del programa nacional, pero no precisa en la información oficial disponible cuáles serían los sectores concretos que eventualmente quedarían bajo concesión.
Ese punto será central para medir el impacto territorial de la medida. La Ruta 3 es uno de los principales ejes de comunicación de la Patagonia y articula desplazamientos de larga distancia, transporte de cargas y conexiones entre localidades. Las rutas 25 y 26, por su parte, forman parte de la red que vincula áreas del interior chubutense con otros corredores nacionales. Sin una delimitación de tramos, todavía no es posible establecer qué usuarios quedarían alcanzados por un eventual sistema tarifario.
El peaje no comenzará de inmediato
La publicación del decreto funciona como una habilitación administrativa para avanzar con el programa, no como el inicio automático del cobro. Antes deberán completarse estudios técnicos, definirse los sectores que se pondrán en concesión y convocarse a procesos licitatorios para seleccionar a las empresas responsables.
- No hay un cobro inmediato de peajes en las rutas alcanzadas.
- Primero deberán realizarse estudios y delimitarse los tramos.
- La adjudicación requerirá una licitación pública nacional e internacional.
- Los futuros contratos podrían incluir obras, mantenimiento y conservación vial.
El decreto dispone que la Secretaría de Transporte convoque a una licitación pública nacional e internacional dentro de un plazo máximo de un año. Ese proceso deberá definir las condiciones de cada concesión, el alcance de las obligaciones privadas y el mecanismo mediante el cual se recuperarían las inversiones, aunque esos detalles no fueron informados en el contenido oficial analizado.
Un esquema que amplía la participación privada
La iniciativa forma parte de la estrategia nacional para aumentar la participación del sector privado en la administración de la infraestructura vial. Según los fundamentos de la norma, el objetivo es mejorar la rehabilitación de las rutas, elevar los niveles de seguridad, reducir los costos logísticos y fortalecer la competitividad. El Gobierno también vincula el programa con su política de reducción del déficit y equilibrio de las cuentas públicas.
La propuesta modifica el modo en que se proyecta el financiamiento de los corredores nacionales: en lugar de depender exclusivamente de asignaciones presupuestarias, el sistema busca que las concesionarias asuman tareas de operación y mantenimiento a cambio de ingresos tarifarios. Para Chubut, la discusión tendrá una dimensión adicional por las distancias entre localidades, la circulación de cargas y la importancia de las rutas para el abastecimiento y la actividad productiva.
Sin embargo, el alcance concreto dependerá de los contratos que se liciten. La norma permite que la administración quede en manos de empresas privadas, sociedades mixtas o entes públicos, de acuerdo con el esquema que se determine para cada corredor. También contempla que las concesiones incluyan trabajos de reparación, ampliación y conservación, además de la explotación de las trazas.
Antecedente provincial y dudas sobre la viabilidad
El anuncio nacional tiene como antecedente una decisión adoptada en abril, cuando el Gobierno delegó en nueve provincias, entre ellas Santa Cruz, la facultad de concesionar tramos de rutas nacionales mediante el cobro de peajes. Esa autorización abría la posibilidad de que las jurisdicciones licitaran y adjudicaran corredores, definieran planes de obra y mantenimiento y acordaran mecanismos de financiamiento con empresas privadas, mixtas o entidades públicas.
En ese esquema previo, los corredores de la región —entre ellos las rutas 3 y 40— quedaban expuestos a nuevas formas de administración y financiamiento. No obstante, según la información disponible, no se conocía que la provincia de Santa Cruz hubiera avanzado con una concesión de esas características. El diputado nacional Jairo Guzmán, referente de La Libertad Avanza en ese distrito, consideró que un sistema de peajes no resulta viable para las rutas del sur.
La nueva decisión nacional desplaza el eje de la discusión hacia un procedimiento federal que todavía debe atravesar varias etapas. Para los usuarios chubutenses, las preguntas principales quedarán atadas a la futura licitación: qué tramos se incluirán, cuál será el estado de las obras exigidas, qué tarifa se establecerá y qué compromisos de mantenimiento asumirán los adjudicatarios. Hasta que esas definiciones se formalicen, las rutas 3, 25 y 26 permanecen incorporadas al plan como corredores potencialmente concesionables, pero sin peaje habilitado de manera inmediata.
