El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al reglamento que ordena el funcionamiento del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), un mecanismo público diseñado para financiar inversiones destinadas al crecimiento económico, social y territorial del archipiélago. El texto establece que el Fondo contará con una dotación máxima de 1.626 millones de euros durante un periodo de diez años, repartida en una asignación tope de 162,6 millones de euros anuales consignados en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma.
Finalidad y financiación
El decreto configura el FDCAN como un instrumento de financiación interadministrativa basado en aportaciones dinerarias de carácter finalista. Además de la dotación autonómica, el reglamento prevé que los cabildos insulares aporten fondos complementarios como en la etapa anterior, con el objetivo de alcanzar una inversión total prevista de 2.600 millones de euros a lo largo de la próxima década.
Ejes estratégicos y reparto presupuestario
El nuevo reglamento fija tres ejes prioritarios de inversión, adaptados a los retos actuales del archipiélago. La distribución porcentual del montante autonómico de 1.626 millones es la siguiente:
| Destino | % del FDCAN | Importe sobre 1.626 M€ |
|---|---|---|
| Mejora de infraestructuras y equipamientos públicos (incluida vivienda protegida) | 50% | 813 M€ |
| Plazas y equipamientos sociosanitarios para dependencia y envejecimiento | 35% | 569,1 M€ |
| I+D+i, innovación y digitalización | 15% | 243,9 M€ |
El reglamento introducirá además un enfoque transversal que incorpora empleo, formación y emprendimiento en las actuaciones de los tres bloques, con medidas orientadas a elevar la cualificación profesional y la empleabilidad vinculadas a las inversiones.
Continuidad y resultados del periodo anterior
Con la aprobación del decreto se garantiza la continuidad del FDCAN y su evolución respecto a la primera década de aplicación (2016-2026). Según el Ejecutivo, en ese primer periodo el instrumento registró un rendimiento medido por su impacto económico, alcanzando un retorno de 1,72 euros por cada euro público invertido.
Implicaciones y pasos a seguir
El nuevo marco normativo establece las bases para la gestión y distribución de los recursos entre administraciones y beneficiarios. Entre las consecuencias prácticas más inmediatas cabe destacar:
- Disponibilidad anual de crédito específico en los Presupuestos autonómicos por importe fijo de 162,6 M€.
- Posibilidad de movilizar aportaciones de los cabildos insulares para lograr la inversión global prevista en la próxima década.
- Priorización de proyectos de vivienda de protección pública, ampliación de plazas sociosanitarias y programas de I+D+i vinculados a universidades y empresas.
El reglamento no sólo define porcentajes y montantes, sino que ordena la colaboración entre administraciones y los criterios de asignación para proyectos en áreas estratégicas. La concreción de convocatorias, criterios de selección y calendarios de ejecución dependerá ahora de la normativa de desarrollo y de la negociación entre la Comunidad Autónoma y los cabildos.
Este diseño pretende afrontar retos demográficos y de cohesión territorial propios del archipiélago, situando como prioridades la atención a la dependencia y el envejecimiento activo, la rehabilitación y construcción de vivienda protegida y el impulso de capacidades tecnológicas y de investigación para favorecer la competitividad regional.
La aprobación del reglamento sienta las bases administrativas y presupuestarias para una década de inversiones, pero su eficacia dependerá de la ejecución, la coordinación interadministrativa y la capacidad de transformar los fondos en proyectos concretos que mejoren servicios y equipamientos en las islas.
