En una sala de la Legislatura mendocina donde cada cifra empieza a medir el margen de acción del Estado para el año próximo, la Suprema Corte de Justicia presentó el presupuesto solicitado para el funcionamiento del Poder Judicial durante 2027. El monto asciende a $233.707.859.019 y ahora forma parte de la discusión que lleva adelante la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con participación de diputados y senadores.
La exposición estuvo a cargo del presidente del máximo tribunal provincial, Dalmiro Garay Cueli, quien concurrió acompañado por su par de Corte, Norma Llatser, y por el administrador general, Enzo Rizzo. El planteo fue presentado como una pauta para sostener el funcionamiento de las dependencias judiciales durante el próximo ejercicio, aunque la cifra todavía corresponde a un requerimiento presupuestario y no a una aprobación definitiva.
Los tres ejes de la planificación
El esquema expuesto ante la comisión legislativa se organiza alrededor de tres prioridades: infraestructura edilicia; tecnología y seguridad informática; y una reingeniería de procesos. La definición de esos ejes marca el destino general que la Corte pretende dar a los recursos pedidos, en un sistema que combina edificios, equipamiento y procedimientos administrativos y judiciales.
| Eje | Alcance previsto |
|---|---|
| Infraestructura edilicia | Inversiones vinculadas con los inmuebles del Poder Judicial |
| Tecnología y seguridad informática | Fortalecimiento de herramientas digitales y protección de la información |
| Reingeniería de procesos | Revisión de formas de trabajo y funciones del personal judicial |
La infraestructura aparece así como uno de los componentes centrales de la planificación. El presupuesto no se limita a sostener la operación cotidiana de las dependencias, sino que incorpora inversiones edilicias dentro de las prioridades para 2027. La presentación disponible no detalla qué edificios serán alcanzados ni discrimina cuánto dinero se destinaría a cada intervención, por lo que esos aspectos deberán precisarse durante el debate presupuestario.
El segundo frente está vinculado con la transformación digital. La Corte incluyó recursos para tecnología y seguridad informática, dos áreas que quedaron integradas en un mismo eje de trabajo. La referencia supone una mirada sobre las herramientas con las que opera la Justicia y sobre la protección de la información que circula por sus sistemas, aunque la exposición no informó el detalle de las compras, desarrollos o partidas individuales.
Una revisión de los procesos y los roles
El tercer punto planteado por Garay Cueli es la revisión de los procesos de trabajo y de los roles del personal judicial. La Corte definió esa tarea como una reingeniería de procesos, incorporada a la estructura de la pauta para el próximo año. En términos de gestión, el eje apunta a revisar cómo se distribuyen las tareas y cómo se organizan los circuitos internos, sin que se hayan informado en esta instancia cambios concretos en la dotación o en las funciones.
La magnitud del pedido coloca al Poder Judicial dentro de las discusiones centrales sobre la asignación de recursos provinciales. Los $233.707 millones solicitados representan la previsión financiera del máximo tribunal para garantizar el funcionamiento de sus dependencias en 2027 y sostener las inversiones que considera prioritarias. La cifra deberá ser analizada junto con el resto de las pautas que lleguen a la Legislatura antes de convertirse en una autorización efectiva de gastos.
- Monto requerido: $233.707.859.019.
- Destino general: funcionamiento de las dependencias judiciales durante 2027.
- Prioridades: edificios, tecnología, protección informática y revisión de procesos.
La instancia legislativa abierta con la presentación permite que los integrantes de ambas cámaras conozcan los fundamentos del pedido y formulen preguntas sobre su alcance. En este caso, la exposición fue realizada ante diputados y senadores que integran la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el ámbito donde se revisan los números antes de que avance el tratamiento correspondiente.
La cifra que inicia el debate
El dato principal de la jornada no es todavía un gasto ejecutado, sino el volumen de recursos que la Suprema Corte considera necesario para el próximo ejercicio. Esa diferencia resulta clave: el presupuesto presentado expresa una solicitud institucional, mientras que su aprobación y las condiciones finales de aplicación dependen del proceso legislativo. La presentación funciona, por lo tanto, como el primer paso público de una discusión que deberá traducir los tres ejes anunciados en partidas y autorizaciones concretas.
Con la documentación expuesta por la conducción de la Corte, el debate sobre 2027 queda planteado en dos planos: la continuidad operativa del Poder Judicial y la inversión en cambios de infraestructura, tecnología y organización. En Mendoza, la cifra ya quedó asentada ante la comisión legislativa. El próximo tramo será determinar cómo se incorpora al presupuesto provincial y con qué alcance se materializan las prioridades anunciadas.
