El mayor monto pendiente de aclaración
El Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de Tizayuca concentra 49 millones 602 mil 180.65 pesos en observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) durante la revisión de la Cuenta Pública 2025. El monto equivale a 31 por ciento de los 157.1 millones de pesos identificados por el órgano fiscalizador en la segunda entrega de resultados y coloca al organismo como el ente público con la mayor cantidad pendiente de aclarar.
Los señalamientos abarcan la falta de recuperación de adeudos por la venta de terrenos, intereses moratorios que no fueron cobrados, movimientos inmobiliarios sin documentación suficiente y pagos cuyo soporte administrativo no fue integrado. Las observaciones corresponden a distintos programas y operaciones del instituto, por lo que la revisión alcanza tanto recursos vinculados con vivienda como transacciones relacionadas con suelo para actividades industriales.
Deudas vinculadas con vivienda y terrenos
En el programa Vivienda Digna, la ASEH ubicó 4 millones 800 mil 403.50 pesos en cuentas por cobrar. De acuerdo con la revisión, no se presentó evidencia de acciones encaminadas a recuperar las viviendas o exigir a los beneficiarios el pago de los adeudos. A este monto se agregan 9 millones 154 mil 254.55 pesos por intereses moratorios que no fueron aplicados, pese a que correspondían a una tasa de 1.5 por ciento sobre los saldos vencidos.
El informe también señala omisiones de cobro en el Parque Metropolitano Industrial de Tizayuca. En ese punto, el órgano auditor detectó saldos pendientes e intereses por alrededor de 24 millones de pesos a cargo de empresas y particulares, entre ellos Bottleprints, Ernesto Yáñez Plata y Julio César Rosendo Monroy. La observación se relaciona con contratos de compraventa de terrenos cuyos pagos no fueron recuperados conforme a lo previsto.
| Concepto observado | Monto reportado |
|---|---|
| Observaciones acumuladas al instituto | 49,602,180.65 pesos |
| Cuentas por cobrar de Vivienda Digna | 4,800,403.50 pesos |
| Intereses moratorios de Vivienda Digna | 9,154,254.55 pesos |
| Saldos e intereses del parque industrial | 24 millones de pesos |
Contratos, devoluciones y pagos bajo revisión
Además de los adeudos, la auditoría cuestionó la rescisión de contratos de compraventa sin respaldo documental suficiente. También observó que algunos terrenos recuperados fueron registrados por debajo de su valor y que no se entregaron comprobantes que demostraran la devolución del dinero a los compradores. Estos señalamientos dejan pendiente la acreditación de las decisiones administrativas, los montos involucrados y el destino de los recursos relacionados con esas operaciones.
La revisión incluyó asimismo un pago de 400 mil pesos a un exempleado, sin documentación que justificara las prestaciones laborales cubiertas. En el gasto corriente, la ASEH detectó adquisiciones por más de 130 mil pesos clasificadas de manera incorrecta como ayudas sociales. El reporte no establece en la información disponible una conclusión definitiva sobre responsabilidades, sino observaciones que deben ser atendidas y aclaradas por el organismo.
Lo que queda pendiente
El Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de Tizayuca deberá presentar la documentación y las explicaciones correspondientes para acreditar la recuperación de recursos, la legalidad de las operaciones inmobiliarias y el sustento de los pagos señalados. La atención de estas observaciones será relevante para determinar si los montos pueden solventarse con comprobantes y argumentos administrativos o si permanecen como probables daños o irregularidades sujetos a procedimientos posteriores.
- La ASEH identificó 49.6 millones de pesos pendientes de aclaración.
- Los principales señalamientos se concentran en cartera vencida e intereses no cobrados.
- También fueron cuestionados contratos rescindidos, terrenos recuperados y pagos sin soporte documental.
Para los habitantes de Tizayuca, el caso tiene impacto directo porque involucra recursos y bienes administrados por el organismo encargado de atender asuntos de desarrollo urbano y vivienda. La fiscalización deberá continuar con la revisión de las respuestas que entregue el instituto y con la determinación de las acciones que correspondan conforme al proceso de la Cuenta Pública 2025.
