La Fiscalía ha archivado las diligencias abiertas a raíz de la denuncia presentada por los Comuns contra el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, por el desalojo del antiguo instituto B9, según han confirmado a Efe fuentes del Ministerio Público y han adelantado medios como Diario.es. La denuncia, impulsada por el eurodiputado Jaume Asens, acusaba al alcalde de varios delitos, entre ellos delito de odio y denegación de servicio público por motivos discriminatorios; la Fiscalía entiende ahora que los hechos «no son constitutivos de delito».
Hechos y dispositivo
El desalojo del antiguo instituto B9 —un asentamiento donde vivían alrededor de 400 personas desde hacía dos años y medio— se realizó «a primera hora de la mañana» del pasado 17 de diciembre. En el operativo participaron los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Urbana. El despliegue terminó con aproximadamente una quincena de detenidos y casi 200 identificados, según las fuentes recogidas por los medios.
La actuación policial se realizó a petición del Ayuntamiento de Badalona, gobernado por el Partido Popular, amparada en una resolución del Juzgado Contencioso Administrativo número 11 de Barcelona fechada el 12 de diciembre que autorizó al Consistorio a recuperar la titularidad del inmueble, que está previsto que sea demolido.
La investigación y su archivo
Tras el desalojo, el eurodiputado de los Comuns presentó una denuncia ante la unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía. El escrito recogía la posible comisión de hasta cuatro delitos: denegación de servicio público por motivos discriminatorios, delito de odio, desobediencia a la autoridad judicial y prevaricación administrativa.
«Los hechos no son constitutivos de delito», según la decisión de la Fiscalía, según han avanzado medios y confirmado fuentes del Ministerio Público a Efe.
Con este archivo, la causa penal impulsada por los Comuns queda sin trámites en la Fiscalía, que ha cerrado las diligencias de investigación abiertas tras la denuncia. Fuentes judiciales citadas por la información señalan que se ha considerado insuficiente la base jurídica para sostener imputaciones penales contra el regidor municipal.
Contexto judicial y político
Este archivo coincide con el respaldo previo de instancias judiciales al procedimiento municipal: el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ya avaló en julio la resolución que en diciembre autorizó al Ayuntamiento a proceder al desalojo. Para el Ayuntamiento, esa resolución y la actuación policial supusieron el cumplimiento de una decisión judicial que permitía recuperar la propiedad del edificio.
Desde el entorno de los Comuns y su representación política se había planteado la actuación como una cuestión de derechos y de trato discriminatorio hacia la población que ocupaba el centro. Para el equipo de gobierno municipal, en cambio, la prioridad era la restitución de la legalidad sobre un inmueble público y la seguridad ciudadana. El archivo de la Fiscalía deja cerrada, de momento, la vía penal en esa controversia.
Posibles consecuencias locales
El archivo no elimina las aristas políticas del episodio. En Badalona, donde el desalojo del B9 tuvo amplia repercusión por su dimensión social —alrededor de 400 personas afectadas— y por la presencia de varios cuerpos policiales, la decisión de la Fiscalía podrá utilizarse en el debate político municipal por los defensores y críticos de la actuación del equipo de gobierno.
Además, el caso subraya tensiones sobre políticas de vivienda, gestión de ocupaciones y recursos sociales en la segunda ciudad más poblada del área metropolitana de Barcelona. La ausencia de responsabilidades penales no cierra, en todo caso, debates administrativos o políticos sobre cómo se abordan asentamientos de gran tamaño y las alternativas de alojamiento y atención a las personas que viven en ellos.
| Elemento | Dato |
|---|---|
| Fecha del desalojo | El pasado 17 de diciembre |
| Personas afectadas | Aproximadamente 400 |
| Detenciones | Unas quince |
| Identificados | Casi 200 |
| Resolución judicial que autorizó el desalojo | Juzgado Contencioso Administrativo nº 11 de Barcelona (12 de diciembre) |
- La Fiscalía archiva la denuncia de los Comuns contra el alcalde por entender que los hechos no constituyen delito.
- El desalojo afectó a unas 400 personas y contó con un amplio dispositivo policial interinstitucional.
- El TSJC ya había avalado la resolución judicial que permitió la actuación municipal.
La resolución de la Fiscalía cierra la vía penal, aunque el episodio seguirá presente en el debate público de Badalona sobre convivencia, vivienda y actuación administrativa. La manera en que el Ayuntamiento y los servicios sociales afronten consecuencias y alternativas para personas en situaciones de exclusión será, previsiblemente, el foco de la atención ciudadana y política en los próximos meses.
