El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha decidido interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la denominada «inactividad» de la Administración General del Estado en la tramitación de los expedientes administrativos de los migrantes adultos que entraron de forma masiva los pasados 30 y 31 de julio y que todavía permanecen en la ciudad.
Razonamiento y pasos previos
La decisión fue anunciada por el portavoz del Ejecutivo local, Alejandro Ramírez, tras la reunión del Consejo de Gobierno. Según explicó, la Ciudad dictó un requerimiento administrativo el 16 de septiembre para instar al Estado a emitir y notificar en el plazo de un mes resoluciones expresas en los procedimientos de expulsión o devolución y en los de protección internacional que afectan a estas personas. Ante la ausencia de respuesta en el periodo fijado, la administración autonómica presentó un requerimiento previo el 18 de septiembre, al que tampoco obtuvo respuesta, lo que ha motivado el recurso ante el Tribunal Supremo.
«El recurso se dirige a la inactividad de la Administración General del Estado en la tramitación de los procedimientos que afectan a los inmigrantes mayores de edad»
Motivos y alcance del contencioso
El Gobierno de Ceuta argumenta que la falta de actuación impide resolver de forma ordinaria los procedimientos administrativos que deben determinar si las personas han de ser objeto de expulsión o devolución o si, por el contrario, procede su protección internacional. En su comunicado oficial, el Ejecutivo local denuncia que la situación migratoria se ha cronificado y que la ciudad continúa lejos de recuperar la normalidad, a punto de cumplirse tres meses desde la entrada masiva.
La reclamación pretende denunciar, ante la Sala correspondiente del Supremo, la falta de asignación y despliegue de los medios personales y materiales por parte del Estado necesarios para resolver los expedientes dentro de los plazos legalmente establecidos. El objetivo explícito es forzar una respuesta y la adopción de resoluciones administrativas que den cauce jurídico a la situación de las personas adultas que permanecen en Ceuta.
Contexto local y repercusiones
La entrada masiva registrada a finales de julio generó una respuesta administrativamente compleja en la ciudad autónoma, que ha requerido la coordinación de recursos sanitarios, sociales y de seguridad. La reclamación del Gobierno local pone de relieve la tensión entre competencias y responsabilidades: por un lado, la Ciudad reclama agilidad en la tramitación de procedimientos que afectan a personas adultas; por otro, apunta a la insuficiencia de respuesta por parte de la Administración General del Estado para materializar esas decisiones.
- Fechas clave: entrada masiva los 30-31 de julio; requerimiento municipal el 16 de septiembre; requerimiento previo el 18 de septiembre.
- Objeto del recurso: tramitación de expedientes de expulsión/devolución y de protección internacional de migrantes adultos.
- Vía elegida: recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo por inactividad de la Administración General del Estado.
Implicaciones prácticas
Si el Tribunal Supremo admite el recurso y estima vulneraciones procedimentales, podría ordenar la actuación de la Administración General del Estado para dictar las resoluciones pendientes. Mientras tanto, la ciudad mantiene el desafío de gestionar recursos temporales y servicios para las personas afectadas, así como de atender las consecuencias sociales y administrativas que se han prolongado meses después de los hechos de julio.
| Elemento | Fecha |
|---|---|
| Entrada masiva | 30-31 de julio |
| Requerimiento municipal | 16 de septiembre |
| Requerimiento previo (sin respuesta) | 18 de septiembre |
La presentación del recurso marca una nueva fase en el conflicto administrativo entre la Ciudad Autónoma y el Estado, con implicaciones tanto jurídicas como prácticas para la gestión cotidiana en Ceuta. El procedimiento judicial, además de buscar una respuesta formal, es interpretado por la administración local como un instrumento para acelerar decisiones que, a su juicio, son imprescindibles para devolver certidumbre a la situación migratoria y administrativa de la ciudad.
La tramitación del contencioso-administrativo y la respuesta que pueda dar el Tribunal Supremo serán seguidas de cerca por las instituciones locales y por los servicios que atienden a las personas afectadas, así como por la ciudadanía en general, que observa el impacto en servicios públicos y convivencia.
