El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) rechazó este viernes la propuesta de real decreto impulsada por el Ministerio de Sanidad para regular las listas de espera. La ministra, Mónica García, calificó la decisión como una «irresponsabilidad política» y anunció que el texto se someterá a Audiencia Pública para que «todos los ciudadanos puedan ver cuál es el texto».
Críticas por bloqueo y defensa de la transparencia
Tras la votación, la titular de Sanidad defendió la urgencia y la necesidad de la norma para garantizar la fiabilidad de los datos sobre listas de espera en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Según García, el real decreto incluía indicadores sencillos y medidas de verificación digital que permitirían incorporar esas cifras a la estadística oficial y evitar prácticas que, a su juicio, han dado lugar a opacidad.
«El Partido Popular (PP), nuevamente, ha bloqueado una medida que era fundamental para los pacientes y los ciudadanos de este país, para tener unas listas de espera que fueran fiables y confiables»
La ministra explicó que la normativa pretendía establecer la periodicidad y la verificación de los datos —con envíos trimestrales y referencias mensuales— para impedir que los registros pudieran ser manipulados en determinados momentos del año. Además, García subrayó que la intención era conocer «cuánto han esperado, hasta el final del proceso, las personas que están en tu mismo procedimiento» y otorgar al proceso «transparencia» y «trazabilidad».
Reacciones y perfil del conflicto
García atribuyó el rechazo del real decreto a las comunidades gobernadas por el Partido Popular, que, según la ministra, han votado en contra «a favor de que se pueda seguir maquillando las listas de espera». La responsable del Ministerio sostuvo que la negativa equivalía a mantener «opacidad» y a negar al ciudadano el derecho a una información veraz sobre la realidad de las demoras asistenciales.
La ministra también puso en valor el carácter técnico de los indicadores propuestos, que definió como «muy sencillos» y casi obvios, y defendió la obligación de que los datos pasen por mecanismos de verificación que les otorguen la condición de estadística oficial y pública. Ante el bloqueo en el CISNS, el Ministerio optará por abrir el texto al escrutinio ciudadano mediante el trámite de Audiencia Pública.
Implicaciones políticas y técnicas
El rechazo del Consejo deja en suspenso un intento del Ministerio por uniformar criterios y establecer controles digitales sobre la información que suministran las comunidades autónomas. La medida perseguía dos objetivos complementarios: mejorar la comparabilidad de datos en el SNS y blindar la fiabilidad de las estadísticas frente a variaciones metodológicas o a prácticas de reporte discontinuas.
En términos políticos, el choque evidencia una nueva tensión entre el Ejecutivo central y las comunidades gobernadas por el PP sobre la gobernanza del sistema sanitario. La ministra ha presentado la iniciativa como una herramienta de protección del paciente y de transparencia informativa; sus detractores, según la posición manifestada por el bloque que ha votado en contra, podrían valorar la iniciativa como una intromisión o cuestionarla por razones de procedimiento o competencia autonómica.
- Decisión: el CISNS rechazó el real decreto de listas de espera.
- Respuesta del Ministerio: la norma saldrá a Audiencia Pública.
- Argumento clave de la ministra: la propuesta asegura periodicidad trimestral y verificación digital para evitar manipulaciones.
| Actor | Posición |
|---|---|
| Ministerio de Sanidad (Mónica García) | Defiende el real decreto como necesario para transparencia y fiabilidad |
| Comunidades del PP | Votaron en contra y bloquearon la aprobación en el CISNS |
La apertura del periodo de Audiencia Pública permitirá examinar el texto con mayor detalle y recabar aportaciones de profesionales, organizaciones y ciudadanía, pero no asegura la aprobación política del real decreto en el seno del Consejo. La pugna pone de manifiesto, una vez más, la complejidad de articular normas de alcance nacional que afecten a competencias sanitarias transferidas y la dificultad de generar consensos duraderos en materia de datos y gobernanza sanitaria.
La decisión del CISNS tendrá seguimiento político en próximas semanas, en las que el Ministerio deberá decidir si opta por reformular el texto para buscar apoyos o por insistir en la vía de publicación y presión pública para intentar forzar cambios en la posición de las comunidades que han votado en contra.
