La Universidad del Magdalena defendió el procedimiento mediante el cual reconoció 23 créditos académicos y otorgó el título de Especialista en Alta Gerencia a Jaime Gregorio Vives Pinedo, luego de las informaciones difundidas sobre ese caso. La institución aseguró que la actuación se enmarcó en una política académica creada antes de los hechos objeto de las publicaciones y diseñada para valorar aprendizajes adquiridos fuera de las rutas tradicionales de formación.
En un comunicado dirigido a la opinión pública y a la comunidad universitaria, la institución explicó que cuenta con un Programa de Validación por Competencias y Reconocimiento de Saberes. Su creación se produjo mediante el Acuerdo Superior 26 de 2018 y su actualización quedó consignada en el Acuerdo Superior 02 de 2025. Según la universidad, ambas decisiones son anteriores al caso que generó la discusión pública.
Un mecanismo basado en aprendizajes previos
La universidad presentó el programa como una herramienta de educación a lo largo de la vida. Bajo ese enfoque, los conocimientos y las capacidades pueden desarrollarse a través de experiencias educativas, laborales, profesionales, culturales y sociales, siempre que puedan ser valorados frente a las exigencias de un programa académico.
La institución sostuvo que el reconocimiento no implica eliminar los requisitos de formación, sino establecer procedimientos para determinar si los aprendizajes previamente adquiridos corresponden a las competencias y a los resultados esperados en cada plan de estudios. En ese sentido, la controversia sobre el caso de Vives Pinedo llevó a la universidad a explicar públicamente el alcance de una política que, de acuerdo con su versión, no fue creada de manera específica para esa persona.
El comunicado también invocó la autonomía universitaria reconocida por la Constitución Política y por la Ley 30 de 1992. Con base en ese marco, la Universidad del Magdalena afirmó que tiene facultades para establecer mecanismos de valoración académica, aunque estos deben mantener correspondencia con las competencias exigidas por sus programas.
Las cifras reportadas por la institución
Para sustentar que se trata de un mecanismo de aplicación general, la universidad informó que sus registros acumulan 4.221 participaciones vinculadas al programa. De ese total, 138 corresponden a programas de posgrado: 136 en maestrías, una en especialización y una en doctorado.
| Nivel o modalidad | Participaciones reportadas |
|---|---|
| Total del mecanismo | 4.221 |
| Programas de posgrado | 138 |
| Maestrías | 136 |
| Especialización | 1 |
| Doctorado | 1 |
La institución hizo una precisión sobre la lectura de esos datos: las participaciones registradas no representan necesariamente la misma cantidad de títulos otorgados. La aclaración busca diferenciar entre quienes han acudido al mecanismo de reconocimiento y quienes, después de cumplir las condiciones académicas correspondientes, han obtenido un título.
La universidad afirmó, además, que el programa está abierto a cualquier persona que cumpla los requisitos establecidos. En su explicación rechazó que la política contemple privilegios o discriminaciones por razones familiares, políticas, ideológicas o de cualquier otra naturaleza. La aplicación del mecanismo, según el comunicado, debe depender de las condiciones institucionales y de la correspondencia entre los saberes acreditados y las exigencias del programa respectivo.
Una discusión sobre autonomía y control académico
El caso pone en el centro del debate la manera en que las instituciones de educación superior reconocen trayectorias de aprendizaje construidas fuera de las aulas. También plantea la necesidad de distinguir entre la existencia de una política general, sus reglas formales y la manera concreta en que se aplicó a cada expediente.
Con la información divulgada, la Universidad del Magdalena buscó ubicar el reconocimiento de los 23 créditos y el título de especialización dentro de un marco institucional vigente desde 2018 y actualizado en 2025. La institución no presentó el procedimiento como una excepción individual, sino como parte de una política de flexibilidad e inclusión educativa que, según sus registros, ha sido utilizada en distintos niveles de formación.
