La Procuraduría General de la Nación inició este lunes una investigación disciplinaria contra Carlos Andrés González Rodríguez en su calidad de supervisor del proyecto de vivienda del Fondo Adaptación destinado a atender a las familias afectadas por el fenómeno de La Niña 2010-2011 en La Guajira.
Antecedentes del convenio
Según el ente de control, el convenio fue suscrito el 30 de enero de 2013 con la Caja de Compensación Familiar de La Guajira (ComfaGuajira) y estipuló recursos por un monto superior a $23.600 millones. La ejecución contractual venció el 5 de noviembre de 2019, pero el Fondo Adaptación presentó una demanda para que un juez declare el incumplimiento del contratista y se establezca la reparación por los daños ocasionados.
Hallazgos preliminares de la Procuraduría
El dictamen pericial de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría apunta a que el contrato "continúa sin cumplirse en términos de cantidad y oportunidad, con al menos 771 viviendas de las 5.090 pactadas sin soporte de entrega". Esa situación —según la entidad— se prolongó durante el periodo de supervisión atribuido a González Rodríguez sin que conste la adopción de gestiones eficaces para superar la irregularidad.
"el contrato continúa sin cumplirse en términos de cantidad y oportunidad, con al menos 771 viviendas de las 5.090 pactadas sin soporte de entrega, circunstancia que se ha prolongado bajo su supervisión sin que conste gestión eficaz tendiente a superarla"
Objetivo de la actuación disciplinaria
La investigación busca determinar las gestiones que realizó el supervisor durante su periodo de función y el estado actual de la acción judicial adelantada por el Fondo Adaptación. Con base en esa indagación, la Procuraduría pretende establecer el grado de responsabilidad disciplinaria que pudiera corresponder a González Rodríguez.
Impacto social y administrativo en La Guajira
El presunto incumplimiento afecta a las familias beneficiarias de un programa diseñado para mitigar los daños causados por eventos climáticos extremos entre 2010 y 2011. La existencia de viviendas sin documentación de entrega retrasa soluciones habitacionales y complica la posibilidad de que las personas accedan a subsidios, servicios o títulos de propiedad vinculados al proceso contractual.
La controversia también pone en foco la gestión de recursos públicos en proyectos bilaterales y la capacidad de supervisión por parte de las entidades responsables, un asunto que genera inquietud entre comunidades y autoridades locales en La Guajira.
Datos clave del convenio
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Contratante | Fondo Adaptación |
| Contratista | ComfaGuajira |
| Fecha de suscripción | 30 de enero de 2013 |
| Valor | $23.600.000.000 (más de) |
| Plazo contractual (vencimiento) | 5 de noviembre de 2019 |
| Viviendas pactadas | 5.090 |
| Viviendas sin soporte de entrega | 771 |
Preguntas abiertas
- Qué gestiones administrativas concretas realizó el supervisor durante la ejecución del proyecto.
- Cuáles son las razones técnicas o administrativas por las que las 771 viviendas carecen de soporte de entrega.
- En qué estado se encuentra la demanda presentada por el Fondo Adaptación y qué medidas ha ordenado la justicia.
La Procuraduría ha señalado que las pesquisas continúan y que se espera la entrega de más detalles sobre el avance de la investigación y las medidas disciplinarias que, si procede, se impongan. Al cierre de esta nota no se registraron pronunciamientos públicos adicionales por parte de ComfaGuajira ni del funcionario investigado.
Para las familias afectadas, este proceso es determinante en la posibilidad de acceder a soluciones de vivienda y esclarecer responsabilidad sobre la administración de recursos destinados a la reconstrucción y la mitigación de riesgos provocados por fenómenos climáticos.
