Pedido de informes pone en debate destino y custodia de armamento en obra municipal
La incorporación de un espacio para guardar armas en la refacción de un inmueble municipal en City Bell encendió un intercambio político sobre los alcances del proyecto, los responsables de la custodia y la articulación con las fuerzas provinciales. La obra, con presupuesto oficial de $66.475.882, fue incluida en la Licitación Privada 17/2026 y autorizada por el Decreto 1793/26 del 7 de agosto, según consta en el expediente 4061-2135920-26.
El planteo llegó formalmente al Ejecutivo local a través de un pedido de informes presentado por el bloque de La Libertad Avanza, encabezado por el presidente de bancada, Guillermo Bardón, que reúne 21 puntos de consulta sobre el destino del edificio, el procedimiento de contratación y responsabilidades sobre las armas. La presentación se difundió el 18 de octubre y, por ahora, constituye el principal cuestionamiento legislativo al proyecto.
- ¿Qué organismo dependerá de la nueva dependencia?
- ¿Quién custodiará el armamento y bajo qué protocolos?
- ¿Existe un convenio con la Policía Bonaerense o el Ministerio de Seguridad?
- ¿Cuántos agentes y cómo se organizarán los turnos?
"Solicitaron identificar qué organismo tendrá a cargo la dependencia y quién custodiará el armamento"
Ubicación, funciones y responsabilidades administrativas
El edificio objeto de la remodelación está ubicado en la intersección de calle 19 y 472, donde actualmente funciona una dependencia de la Guardia Urbana de Prevención. El proyecto oficial describe la transformación del inmueble en una base de la denominada Fuerza Barrial de Aproximación, con instalaciones adaptadas para el personal motorizado de la Policía Bonaerense.
Según el expediente y la documentación administrativa a la que tuvo acceso la agencia que publicó la noticia, los trabajos a cargo de la Secretaría municipal de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos incluyen:
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Presupuesto | $66.475.882 |
| Ubicación | 19 y 472, City Bell |
| Contrato | Licitación Privada 17/2026 (Decreto 1793/26) |
| Destino previsto | Base de Fuerza Barrial de Aproximación y espacio para efectivos motorizados |
Las obras proyectadas contemplan dormitorios diferenciados, oficinas, sanitarios, cocina, mejoras edilicias y un espacio específico para armas. En el exterior se planeó una cubierta para motocicletas y un portón sobre la calle 472.
Qué reclama la oposición y el foco del cuestionamiento
El pedido de informes de Bardón y su bloque pone el acento en la claridad institucional y en la trazabilidad de las responsabilidades. Entre los puntos más sensibles figura la pregunta sobre si existe o no un acuerdo formal con la Policía Bonaerense o con el Ministerio de Seguridad que respalde la operativa prevista.
Además, los concejales pidieron detallar las funciones precisas de la Guardia Urbana de Prevención frente a las tareas que podrían desempeñar agentes policiales motorizados, buscando delimitar roles y evitar solapamientos. El expediente administrativo es el antecedente formal de la obra, pero la incorporación de un sector para armamento fue lo que motivó la presentación legislativa.
Por ahora no hay en la documentación difundida indicios que acrediten un desvío de fondos; sí existe debate político sobre la pertinencia y el control del destino del inmueble y del material que allí podría alojarse. La discusión se plantea tanto en términos administrativos como de seguridad ciudadana y responsabilidad institucional.
Fuentes oficiales del municipio y responsables de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos no emitieron una respuesta pública inmediata a la serie de preguntas elevadas por la oposición al cierre de esta nota. El trámite del pedido de informes obliga al Ejecutivo local a responder por escrito, lo que permitirá conocer con precisión los convenios operativos, el régimen de custodia del armamento y la distribución del personal que utilizará la base.
En la ciudad, vecinos de la zona y referentes barriales siguen con atención el seguimiento legislativo: para muchos, la discusión no es sólo técnica, sino que afecta la percepción sobre cómo se organiza la seguridad en los barrios y quién asume la responsabilidad de custodiar material sensible dentro de un edificio municipal.
