Ceuta. — La instrucción abierta por la jueza María Tardón sobre la entrada masiva de migrantes en la ciudad el pasado 30 de julio se reanuda esta semana con una batería de comparecencias que afectan tanto a responsables políticos como a mandos y agentes que intervinieron en la crisis. La causa, que investiga los hechos ocurridos aquel día, suma nuevas diligencias y peticiones de documentación a instituciones estatales.
Calendario de declaraciones
Según las citaciones dictadas por la magistrada, las comparecencias se organizan de la siguiente manera:
| Fecha | Personas citadas |
|---|---|
| Lunes | Inspector jefe de la Policía Nacional Lorenzo Juan Fages y el teniente coronel jefe de operaciones de la Comandancia de la Guardia Civil (sin nombre publicado) |
| Martes | Los consejeros Alberto Ramón Gaitán, Nabila Benzina y Alejandro Ramírez |
| Miércoles | Tres agentes que estaban de guardia el día de los hechos |
Alcance de las diligencias
Las citaciones van acompañadas de una serie de requerimientos dirigidos a organismos estatales y militares para esclarecer las circunstancias que rodearon la entrada irregular. Entre las peticiones de la jueza figuran:
- Informes del Ministerio de Defensa sobre la posible entrada de buques de guerra o embarcaciones militares marroquíes en aguas adyacentes a Ceuta entre el 29 de julio y el 10 de agosto.
- Identificación del confidente conocido como Ahmed, a quien la jueza considera un "posible interlocutor constante y fiable" para la Guardia Civil.
- Remisión por parte del Ejército de Tierra de todos los informes de inteligencia y seguridad emitidos por la Comandancia de Ceuta entre el 15 de julio y el 7 de agosto de 2026.
- Grabaciones y materiales: imágenes de videovigilancia, drones y registros de los sistemas de control fronterizo desde el 30 de julio.
La investigación se centra en esclarecer la entrada irregular del pasado 30 de julio y en recabar información de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como de los organismos militares y de inteligencia implicados.
Implicaciones políticas y policiales
Las comparecencias convocadas obligan a responsables del Ejecutivo local y a mandos de los cuerpos de seguridad a ofrecer su testimonio en sede judicial. Los tres consejeros citados —figuras relevantes en la gestión política local— han sido señalados en la diligencia por su participación «activa» en la crisis migratoria, sin que hasta ahora se haya hecho público detalle adicional sobre sus declaraciones.
Por su parte, la citación de jefes y agentes responde a la búsqueda de testigos directos y de registros que permitan reconstruir la cronología de los hechos y las decisiones operativas adoptadas en los puntos de control fronterizo. La instrucción incluye la recepción de un oficio de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras-Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, así como el análisis de un fotograma que habría permitido identificar a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como testigos de la entrada irregular.
Documentación solicitada al CNI y a la delegación
Además de los requerimientos al Ministerio de Defensa y al Ejército, la jueza ha solicitado al CNI y a la Guardia Civil la remisión de informes y toda la documentación que pueda aportar luz sobre el suceso. También ha reclamado a la Delegación del Gobierno y a la ciudad autónoma registros vinculados a la gestión de fronteras en esas fechas.
La acumulación de esas peticiones evidencia el perfil complejo y multidisciplinar de la investigación: se buscan tanto evidencias materiales —grabaciones y registros— como informes de inteligencia y aclaraciones sobre contactos y comunicaciones previas al suceso.
Expectativas y contexto local
Para la ciudadanía de Ceuta, la instrucción judicial tiene un doble valor: determinar responsabilidades en torno a una crisis que impactó de forma directa en la convivencia y en la percepción de seguridad, y aclarar el papel de instituciones y mandos en la gestión de un episodio que generó fuerte tensión social. La convocatoria de consejeros y mandos policiales esta semana es, en sí misma, un paso relevante en el proceso de depuración de hechos y en la búsqueda de respuestas institucionales.
La investigación continúa abierta y se espera que las declaraciones y la documentación solicitada permitan avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido el 30 de julio, así como en la identificación de posibles errores o negligencias en la actuación de las distintas instituciones involucradas.
