La Sala concluye que no hay elementos nuevos que obliguen a reabrir la causa
La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia, con sede en Cartagena, ha rechazado el recurso presentado por la Asociación de Vecinos de Torreciega y ha confirmado el auto que dejó sin efecto la reapertura de la investigación penal sobre los vertidos en los terrenos del vertedero de Zinsa. En el auto notificado este viernes, la Sala considera que los hechos y documentos aportados por la asociación no constituyen «elementos nuevos» que justifiquen continuar las diligencias, que fueron archivadas de forma provisional el 30 de abril de 2025.
La apelación de la Asociación de Vecinos de Torreciega alegaba, entre otros extremos, la aparición de nuevos episodios de mortandad de aves en las celdas del vertedero, precipitaciones registradas en noviembre de 2025 que habrían provocado efectos contaminantes sobre el suelo, el subsuelo y las aguas, y el supuesto incumplimiento de medidas cautelares decretadas durante el proceso. Asimismo, la asociación invocó un informe del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) fechado el 8 de julio de 2024.
La Sala recuerda investigaciones previas y documentación ya incorporada
En su resolución, la Audiencia subraya que el sobreseimiento provisional no impide la reapertura cuando se aportan pruebas nuevas o surgen hechos inéditos, pero entiende que ese no es el caso: «no concurren esas circunstancias», recoge el auto. La Sala puntualiza que la mortandad de aves fue uno de los motivos que motivaron la apertura de las diligencias en 2016 y que episodios posteriores de fallecimientos ya fueron objeto de investigación.
Respecto a los lixiviados, las filtraciones y las escorrentías, la resolución remite a informes ya existentes en el expediente, entre ellos los elaborados por la Confederación Hidrográfica del Segura y por el propio Seprona, que habían evaluado el alcance tóxico y los riesgos para el acuífero. La Sala destaca también que el informe del Seprona del 8 de julio de 2024 había sido incorporado al expediente judicial antes de dictarse el auto de sobreseimiento provisional.
Repercusiones locales y límites de la vía penal
La decisión de la Audiencia cierra, por ahora, la vía penal respecto a la reapertura solicitada por la asociación vecinal, pero la sala recuerda la posibilidad de reabrir el procedimiento si aparecieran hechos o pruebas no conocidos hasta la fecha. El auto plantea, implícitamente, la necesidad de complementar las actuaciones judiciales con otras respuestas administrativas y técnicas que aborden las preocupaciones ambientales y los efectos sobre el acuífero y la salud pública.
- La investigación original se abrió en 2016.
- El auto de sobreseimiento provisional data del 30 de abril de 2025.
- La asociación invocó un informe del Seprona fechado el 8 de julio de 2024 y alegó efectos por lluvias en noviembre de 2025.
«No concurren esas circunstancias»
La resolución no entra a valorar la responsabilidad administrativa o civil que pudiera derivarse de los vertidos, un terreno que corresponde a otras competencias y que puede exigir informes técnicos, sanciones administrativas o actuaciones de restauración y control ambiental por parte de organismos competentes.
Qué queda por delante para Cartagena
Para la ciudadanía y las entidades locales de Cartagena quedan preguntas prácticas: cómo se vigilará el estado del vertedero y del acuífero, qué medidas preventivas y correctoras adoptarán la Confederación Hidrográfica del Segura y la administración autonómica, y qué mecanismos de transparencia y comunicación se establecerán con los vecinos afectados. La desestimación judicial no suple la necesidad de controles ambientales continuos ni de canales efectivos de información hacia los colectivos vecinales que denuncian perjuicios.
| Acontecimiento | Fecha |
|---|---|
| Apertura inicial de diligencias | 2016 |
| Informe del Seprona citado | 8 de julio de 2024 |
| Auto de sobreseimiento provisional | 30 de abril de 2025 |
| Precipitaciones alegadas por la asociación | noviembre de 2025 |
La resolución de la Audiencia Provincial constituye, por ahora, un punto y seguido en un conflicto que combina aspectos judiciales, técnicos y de gobernanza ambiental. La vigilancia técnica y la participación ciudadana seguirán siendo determinantes para la gestión a medio y largo plazo de los riesgos asociados al vertedero de Zinsa en el entorno de Cartagena.
