Polémica pública por la suciedad y calendario del servicio
La limpieza viaria se ha instalado en el centro del debate municipal en Coslada. El Partido Popular ha iniciado una campaña de recogida de firmas, tanto presencial como en la plataforma digital Change.org, para exigir al Ayuntamiento «una ciudad limpia» y denunciar lo que califica como un empeoramiento del mantenimiento de calles, parques y espacios públicos.
El portavoz del PP en la localidad, Paco Becerra, ha señalado a múltiples deficiencias —contenedores desbordados, residuos acumulados, enseres abandonados, papeleras llenas, suciedad en aceras y alcorques, pintadas y falta de cuidado de zonas verdes— y ha asegurado que se trata de problemas extendidos por diferentes barrios y no de episodios puntuales.
«Coslada merece una ciudad limpia, cuidada y a la altura de sus vecinos», ha declarado Paco Becerra, que reclama que la recogida de firmas permita trasladar las demandas ciudadanas al Consistorio y exigir soluciones.
Respuesta municipal: sanciones y nuevo contrato
El Gobierno local, por su parte, reconoce «la situación de la limpieza viaria» pero defiende que ha ido adoptando medidas. Entre las acciones citadas figura la imposición de una sanción a la UTE adjudicataria del servicio por un importe superior a 2 millones de euros. Además, según fuentes municipales, está en fase de ultimación un nuevo contrato de limpieza que se prevé entre en vigor a principios de 2027.
Las dos posiciones sitúan la cuestión en terreno político: el PP reclama una mejora urgente del servicio y ha llevado el asunto al Pleno en más de diez ocasiones, mientras el Ejecutivo apela a medidas administrativas y a la próxima renovación contractual como solución estructural.
Qué piden los vecinos y qué ofrece el calendario municipal
La iniciativa del PP recoge las quejas que, según su portavoz, trasladan los residentes día a día. La campaña suma formatos presencial y digital; en el momento del cierre de la información la recogida en Change.org registraba 140 apoyos. El objetivo declarado es canalizar esas quejas hacia el Ayuntamiento y presionar en busca de actuaciones concretas para la mejora del servicio.
- Reclamaciones del PP: limpieza de contenedores, retirada de enseres, conservación de zonas verdes y mantenimiento de aceras.
- Acción municipal: sanción económica a la UTE responsable (> 2 millones de euros) y preparación de un nuevo contrato para principios de 2027.
- Vía institucional: el asunto ha sido preguntado en Pleno en más de diez ocasiones por la oposición.
Impacto y próximos pasos
La tensión entre oposición y Gobierno local abre dos frentes relevantes para los vecinos. Por un lado, la presión política y social —a través de firmas y quejas— puede acelerar inspecciones, actuaciones puntuales o medidas correctoras por parte del Consistorio. Por otro, la preparación del nuevo contrato ofrece espacio para plantear requisitos más estrictos en los pliegos de condiciones: frecuencias de barrido, protocolos de retirada de voluminosos, sanciones técnicas y mecanismos de control del servicio.
Sin embargo, el calendario previsto por el Ejecutivo municipal sitúa la entrada en vigor del nuevo contrato en un horizonte de varios meses. Hasta entonces, la gestión de la limpieza recae sobre la UTE actualmente adjudicataria y sobre las medidas sancionadoras ya aplicadas por el Ayuntamiento.
| Concepto | Dato |
|---|---|
| Sanción a la UTE | > 2 millones de euros |
| Nuevo contrato previsto | Principios de 2027 |
| Apoyos en Change.org (cierre de información) | 140 |
La discusión pública en Coslada combina demandas vecinales por una ciudad más limpia, la presión política de la oposición y la respuesta técnica y administrativa del Ayuntamiento. Para los residentes, la atención queda centrada en saber si las medidas anunciadas se traducirán en una mejora perceptible del entorno urbano antes de la renovación contractual o si será necesario incorporar cláusulas más exigentes en los pliegos de futuro.
El seguimiento de este proceso será clave para evaluar la eficacia de las sanciones impuestas y la capacidad del Consistorio para garantizar la prestación de un servicio básico que afecta a la calidad de vida diaria en el municipio.
