En la sesión legislativa de este martes en el Congreso del Estado, fue retirado del orden del día un proyecto que pretendía adicionar normas al Artículo 311 del Código Penal de Michoacán y que, según críticos, podría generar responsabilidades penales para criadores, aficionados, organizadores y trabajadores vinculados a las peleas de gallos.
Reacción inmediata de organizaciones galleras
Organizaciones y asociaciones relacionadas con la crianza de aves de combate celebraron el retiro de la iniciativa y atribuyeron el desenlace a la movilización y a gestiones realizadas con organismos civiles. Según voceros del sector, la coordinación con la agrupación Vive Libre y con la Asociación Nacional de Criadores de Aves de Combate fue determinante para que el proyecto fuera sacado de la sesión parlamentaria.
Qué proponía la reforma
La propuesta, presentada por el legislador identificado como el diputado «del Sombrero», Carlos Bautista Tafolla, buscaba adicionar un supuesto que sancionara a quienes "incitaran, provocaran o permitieran" que dos animales se enfrentaran. De acuerdo con los representantes del sector gallero, esa redacción habría alcanzado no sólo a organizadores y públicos, sino también a quienes se dedican a la crianza y al trabajo alrededor de la actividad.
| Elemento | Situación |
|---|---|
| Iniciativa | Adicionar supuesto al Art. 311 del Código Penal estatal |
| Promotor | Carlos Bautista Tafolla |
| Actores afectados | Criadores, aficionados, organizadores, trabajadores |
| Resultado en la sesión | Retirada del orden del día |
Argumentos y contraposiciones
Quienes defendieron el retiro advirtieron que la redacción propuesta era demasiado amplia y podría criminalizar actividades vinculadas a la tradición y a la economía local, como la crianza de aves de combate. Por su parte, quienes impulsan medidas para ampliar los tipos penales en materia de maltrato animal sostienen que se trata de proteger a los animales y sancionar actos de violencia que hoy no estarían suficientemente tipificados.
En el intercambio público que se generó en las horas previas a la sesión, representantes del sector gallero señalaron que su acercamiento a legisladores y organizaciones civiles permitió exponer las implicaciones prácticas y jurídicas de la propuesta, lo que a la postre llevó a su retiro.
Acción coordinada entre galleros y organizaciones civiles
Los criadores y agrupaciones del ramo dijeron haber realizado gestiones conjuntas con Vive Libre para explicar por qué la adición propuesta al Código Penal podía afectar a un amplio número de personas vinculadas a la actividad. La Asociación Nacional de Criadores de Aves de Combate también afirmó que intervinieron para frenar una iniciativa que consideraban perjudicial.
- Actores implicados: diputado proponente, organizaciones galleras, Vive Libre, Asociación Nacional de Criadores de Aves de Combate.
- Resultado inmediato: retiro del dictamen del orden del día en la sesión legislativa.
- Situación a seguir: posibilidad de que la iniciativa se presente nuevamente con redacción distinta o que se abra diálogo entre interesados.
Implicaciones locales
En Michoacán, las peleas de gallos forman parte de prácticas culturales y económicas en diferentes municipios; cualquier cambio normativo que implique sanciones penales tendría impacto directo en familias y personas que dependen de esta actividad. El episodio revela además la tensión entre iniciativas de protección animal y la defensa de tradiciones arraigadas, un tema que en el estado suele generar debates y movilizaciones.
Hasta el cierre de esta edición, el Congreso estatal no había emitido un posicionamiento oficial sobre el retiro de la iniciativa ni se había anunciado una nueva fecha para su discusión. Tampoco se registraron declaraciones públicas del diputado proponente sobre los motivos del retiro.
La polémica abre la puerta a un proceso de diálogo entre legisladores, colectivos defensores de los animales y los sectores vinculados a la crianza de aves de combate para buscar soluciones que protejan a los animales sin criminalizar actividades productivas y culturales, o bien, para replantear de forma precisa las figuras penales que se consideren necesarias.
