Un operativo contra la explotación ilícita de oro en la provincia de Soto Norte dejó incautaciones de material explosivo, sustancias químicas, maquinaria, oro y dinero en efectivo, en una acción desarrollada en jurisdicción de California y Suratá, Santander. La intervención, denominada Páramo de Santurbán, buscó afectar varios puntos vinculados con la extracción y el procesamiento irregular de minerales.
Las autoridades realizaron ocho diligencias de registro y allanamiento en lugares relacionados con esas actividades. El balance conocido incluye elementos que, según la información operacional, eran utilizados en labores mineras y en el beneficio del metal. También se encontró efectivo que estaría asociado con las operaciones económicas de las estructuras que actúan en esta zona del departamento.
Un decomiso con impacto ambiental y riesgo operativo
Entre los elementos retirados se cuentan 1.902 gramos de mercurio y 200 kilogramos de cianuro. Ambas sustancias pueden producir graves daños ambientales cuando son manipuladas o vertidas sin controles, especialmente en procesos destinados a separar y recuperar el oro. Su presencia en zonas de explotación ilegal representa un riesgo para los ecosistemas y para las personas que participan en esas labores.
El mercurio puede incorporarse a los ciclos del agua y afectar organismos vivos, mientras que el cianuro exige un manejo especializado por su alta peligrosidad. La información disponible sobre el operativo no precisa el destino final que tendrán los productos decomisados ni si ya comenzaron actuaciones ambientales adicionales, por lo que esos aspectos deberán ser definidos por las autoridades competentes dentro de las investigaciones.
| Elemento incautado | Cantidad reportada |
|---|---|
| Oro en joyas | 114 gramos |
| Oro en amalgama | 211 gramos |
| Mercurio | 1.902 gramos |
| Cianuro | 200 kilogramos |
| Dinero en efectivo | $92.823.000 |
Explosivos usados en la extracción
La operación también permitió sacar de circulación una cantidad considerable de insumos explosivos. El inventario reportado comprende 120 kilogramos de ANFO, 147 barras de Indugel, 700 metros de cordón detonante y 62 detonadores eléctricos. Estos materiales elevan el nivel de riesgo en frentes de explotación, túneles y áreas rurales, tanto por la posibilidad de accidentes como por las condiciones en que suelen ser almacenados y empleados.
El hallazgo de estos elementos constituye uno de los componentes de mayor relevancia en la intervención, debido a que su utilización requiere protocolos técnicos y control especializado. La información conocida no establece si el material estaba listo para ser usado, quién lo suministraba o si hubo personas capturadas durante las diligencias. Esos detalles hacen parte de las verificaciones que deberán avanzar en el proceso correspondiente.
Maquinaria y dinero, bajo investigación
Además de los químicos y explosivos, fueron incautados 12 motores, cinco taladros neumáticos, dos grameras y otros equipos presuntamente relacionados con la explotación minera intervenida. La presencia de motores y herramientas especializadas evidencia que las autoridades no se concentraron únicamente en el producto final, sino también en la infraestructura utilizada para extraer y procesar el mineral.
En los sitios registrados también se hallaron $92.823.000 en efectivo. Ese dinero quedó vinculado a la información operacional como un posible recurso de las economías ilegales investigadas. La cifra deberá ser sometida a los procedimientos de verificación que permitan establecer su origen y su relación con las actividades mineras, sin que el decomiso, por sí solo, determine responsabilidades individuales.
- Municipios intervenidos: California y Suratá.
- Diligencias realizadas: ocho registros y allanamientos.
- Oro decomisado: 325 gramos, entre joyas y amalgama.
- Material explosivo: ANFO, Indugel, cordón detonante y detonadores eléctricos.
- Valor en efectivo: $92.823.000.
Una economía que superaría los $1.200 millones mensuales
El balance de la operación señala que las actividades ilegales intervenidas tendrían una capacidad de generación superior a $1.200 millones mensuales. Esa estimación dimensiona el alcance económico de la explotación clandestina en Soto Norte y explica el interés de las autoridades en afectar simultáneamente los puntos de extracción, los equipos, los insumos y el dinero.
La cifra corresponde a una estimación incluida en la información operacional y no equivale a una sentencia ni a una determinación judicial sobre los responsables. Para establecer cómo funcionaba la cadena, quiénes participaban y cuál era el destino de los recursos, será necesario avanzar en la investigación con el análisis de los elementos recogidos durante los allanamientos.
El operativo vuelve a poner en el centro la presión que enfrenta la zona de influencia del páramo de Santurbán por la actividad minera sin controles. En este caso, los decomisos reúnen dos dimensiones que suelen avanzar juntas: el impacto sobre el entorno por el uso de sustancias peligrosas y la existencia de una estructura económica capaz de movilizar equipos, explosivos y efectivo.
Por ahora, el resultado reportado se concentra en las incautaciones efectuadas en California y Suratá. Las autoridades deberán precisar las actuaciones judiciales posteriores, el manejo de los materiales peligrosos y el destino de la maquinaria y el dinero encontrados. Mientras esas verificaciones avanzan, el procedimiento representa una afectación directa a una actividad que, de acuerdo con el balance operacional, tendría ingresos millonarios y emplearía insumos con capacidad de causar daños ambientales y poner en riesgo la vida.
