Dos personas fueron capturadas en Bucaramanga durante un operativo del GAULA de la Policía Nacional, cuando, según la investigación, recibían $5 millones exigidos a un comerciante de la ciudad. El procedimiento se desarrolló luego de varias semanas de seguimiento a una denuncia por amenazas contra un establecimiento comercial.
La investigación se originó en los mensajes y llamadas que comenzó a recibir la víctima. En esas comunicaciones le reclamaban dinero a cambio de no atentar contra su negocio. La intimidación, de acuerdo con el reporte del caso, estaba acompañada de fotografías recientes del establecimiento, un recurso utilizado para aumentar la presión y transmitir la sensación de que los responsables vigilaban de cerca sus movimientos.
Una modalidad apoyada en amenazas digitales
Los investigadores establecieron que los señalados presuntamente se presentaban como integrantes de estructuras armadas, entre ellas el EGC y el ELN. La suplantación habría sido utilizada para dar mayor credibilidad a las advertencias y forzar el pago de las sumas reclamadas. El material disponible no precisa que los capturados pertenezcan a esas organizaciones; únicamente señala que habrían empleado sus nombres dentro del esquema de intimidación.
Las exigencias económicas no eran iguales para todos los afectados. Según la información del procedimiento, los montos oscilaban entre $1 millón y $5 millones, dependiendo de la capacidad de pago que los responsables atribuían a cada víctima. Esa variación hacía parte de una modalidad dirigida a comercios y basada en la presión directa, las comunicaciones digitales y el temor provocado por las amenazas.
| Dato | Información reportada |
|---|---|
| Ciudad | Bucaramanga |
| Autoridad | GAULA de la Policía Nacional |
| Personas capturadas | Dos |
| Dinero que recibían | $5 millones |
| Rango de las exigencias | Entre $1 millón y $5 millones |
Seguimiento a través de cámaras
Después de conocer la denuncia, el GAULA puso en marcha un plan antiextorsión que incluyó labores de análisis técnico y seguimiento audiovisual en distintos sectores de Bucaramanga. Como parte de ese trabajo fueron revisadas más de 200 cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, y se analizaron cerca de 300 horas de grabaciones.
La revisión permitió reconstruir los desplazamientos de los sospechosos y observar patrones de comportamiento que ayudaron a ubicar el punto en el que se realizaría la entrega del dinero. El seguimiento también fue utilizado para examinar si otras personas pudieron haber sido contactadas mediante el mismo método de intimidación. La información suministrada no establece cuántas víctimas adicionales habrían sido identificadas ni confirma nuevos casos.
Con los datos reunidos, los investigadores coordinaron el operativo para intervenir en el momento en que se produjera la entrega. La acción terminó con la captura en flagrancia de los dos señalados, precisamente cuando recibían los $5 millones que, de acuerdo con el expediente preliminar, habían sido exigidos al comerciante.
Elementos incorporados al procedimiento
Durante la diligencia, las autoridades encontraron varios elementos que quedaron a disposición del proceso judicial. Entre ellos se menciona una motocicleta que habría sido utilizada para la comisión de los hechos. El reporte disponible no detalla los demás objetos incautados ni precisa el destino procesal de cada elemento.
- La denuncia fue presentada por un comerciante que recibió llamadas y mensajes amenazantes.
- Las comunicaciones incluían imágenes recientes del establecimiento afectado.
- Los responsables habrían usado la identidad de grupos armados para respaldar sus exigencias.
- El operativo se realizó durante la entrega de $5 millones.
- La investigación incluyó la revisión de más de 200 cámaras y unas 300 horas de video.
El caso deja en evidencia el papel que tienen las denuncias tempranas y la conservación de las comunicaciones dentro de las investigaciones por extorsión. En este episodio, los mensajes, las llamadas y el seguimiento a las cámaras fueron piezas del trabajo que condujo a la intervención policial. No obstante, la información entregada no incluye declaraciones de los capturados, decisiones de un juez ni la etapa exacta en la que se encuentra el proceso penal.
La captura en flagrancia no equivale por sí sola a una condena. La responsabilidad de los detenidos deberá definirse dentro del proceso judicial, con las garantías correspondientes. Mientras avanzan las actuaciones, el dinero recuperado y los elementos vinculados al procedimiento serán valorados por las autoridades como parte de la investigación sobre las amenazas y la exigencia económica al comerciante.
El operativo fue presentado como resultado de un plan antiextorsión apoyado en tecnología, análisis de información y vigilancia de los recorridos. Para los comerciantes, el episodio muestra cómo una amenaza que comienza en el teléfono puede trasladarse rápidamente al entorno físico del negocio, especialmente cuando los intimidadores envían fotografías y simulan pertenecer a organizaciones armadas. La alerta de la víctima permitió activar el procedimiento que terminó con dos capturas en la capital santandereana.
