Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra dos personas investigadas por una presunta red de extorsión con imágenes íntimas que habría afectado a ciudadanos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El caso combina el uso de perfiles falsos, aplicaciones de mensajería y amenazas de publicación de fotografías o videos de contenido sexual.
Los procesados fueron identificados como Kellys Johana Ramírez Díaz y Jhons Edison Pérez Morrillo. De acuerdo con la investigación, ambos habrían contactado a hombres y mujeres del archipiélago mediante identidades digitales que no corresponderían a sus verdaderos datos. A través de esas conversaciones, presuntamente persuadían a las víctimas para que compartieran material íntimo.
El material habría sido usado para exigir dinero
Una vez obtenidas las imágenes o grabaciones, los investigados supuestamente cambiaban el tono de la comunicación. El contenido privado se habría convertido en una herramienta de presión: exigían pagos a cambio de no divulgarlo en distintas plataformas digitales y otros medios de comunicación. La modalidad es conocida como sextorsión y puede afectar tanto la vida privada como la seguridad emocional y económica de quienes son amenazados.
La investigación también relaciona a los señalados con otra forma de presión. Al parecer, se presentaban como integrantes de grupos delincuenciales con presencia en el archipiélago y realizaban cobros extorsivos bajo la amenaza de ejecutar atentados. Las autoridades buscan establecer el alcance de esas conductas y precisar la participación individual de cada uno de los judicializados.
| Dato del proceso | Información conocida |
|---|---|
| Personas judicializadas | 2 |
| Posibles afectados | 14 ciudadanos |
| Captura | María La Baja, Bolívar |
| Delito imputado | Extorsión agravada |
| Decisión judicial | Medida de aseguramiento en centro carcelario |
La captura fue realizada por el Gaula de la Policía Nacional en el municipio de María La Baja, en el departamento de Bolívar. Desde ese lugar, según la hipótesis investigativa, se habrían desarrollado las acciones ilícitas dirigidas contra personas ubicadas en San Andrés y Providencia. El traslado de los señalados ante la justicia permitió que se definiera la medida cautelar mientras avanza el proceso.
La Fiscalía les imputó el delito de extorsión agravada, cargo que no fue aceptado por los dos procesados. La decisión de enviarlos a un centro carcelario corresponde a una medida dentro del trámite judicial y no equivale a una condena. La responsabilidad penal deberá definirse en las etapas posteriores, con respeto por el debido proceso y la presunción de inocencia.
Al menos 14 personas aparecen en la investigación
Los hechos asociados a esta actividad criminal habrían dejado, durante el último año, 14 personas afectadas, entre hombres y mujeres. La cifra hace parte de la información conocida dentro de la investigación y podría ser precisada por las autoridades a medida que se revisen las denuncias, las conversaciones y los archivos digitales relacionados con cada caso.
En este tipo de hechos, la amenaza de publicar material privado suele aumentar la presión sobre las víctimas. Sin embargo, entregar más dinero no garantiza que el contenido sea eliminado ni que cesen las exigencias. La conservación de las pruebas puede resultar determinante para reconstruir el contacto, identificar las cuentas empleadas y documentar las solicitudes de pago.
Qué hacer ante una amenaza digital
Las autoridades han insistido en la importancia de denunciar y preservar la información disponible. Quienes enfrenten una situación de este tipo deben evitar borrar conversaciones, perfiles, números telefónicos, comprobantes de pago o archivos relacionados con las amenazas. También es importante conservar capturas de pantalla y registrar las fechas, las cuentas utilizadas y las instrucciones recibidas.
- No enviar nuevos pagos ni compartir más material bajo presión.
- Guardar conversaciones, enlaces, números, perfiles y comprobantes.
- Evitar reenviar las imágenes íntimas, incluso cuando se busque pedir ayuda.
- Presentar la denuncia y entregar las evidencias digitales a las autoridades.
La divulgación no autorizada de imágenes íntimas puede producir daños que trascienden el entorno digital, especialmente en comunidades insulares donde las redes sociales y los contactos personales tienen un peso considerable en la vida cotidiana. Por eso, el caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de actuar con cautela frente a perfiles desconocidos y solicitudes de contenido sexual realizadas por internet.
Mientras la investigación continúa, la justicia deberá establecer cómo se produjeron los contactos, cuántas personas fueron objeto de exigencias económicas y qué papel habría desempeñado cada capturado. La medida de aseguramiento mantiene a los dos señalados privados de la libertad durante el avance del proceso, pero el desenlace dependerá de las pruebas que sean incorporadas y valoradas por las autoridades competentes.
