La abogada defensora de derechos humanos Yessika Hoyos Morales, integrante de la asamblea del Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” (CAJAR), denunció haber recibido una amenaza de muerte vinculada a la investigación y reciente condena por la masacre ocurrida en el corregimiento La Guaripa, en el municipio de Sucre, hace ocho años.
Según la información conocida, el mensaje llegó el domingo 18 de octubre a la 1:05 p.m. al teléfono de la abogada por la vía de WhatsApp. El contenido alude a miembros del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) en Sucre y menciona nombres de personas vinculadas al proceso.
“Si William pisa cárcel. ustedes (sic) Candelaria. Malena y Juan David compren los cajones (quédense quietos) les tenemos seguimiento”.
Tras recibir la amenaza, la profesional informó lo ocurrido a la Fiscalía General de la Nación y solicitó que se investigue el origen del número telefónico desde el cual se envió el mensaje y se determinen responsabilidades.
Contexto del caso y preocupaciones
La masacre de La Guaripa ocurrió hace ocho años y, según la misma información, tuvo una sentencia condenatoria en días recientes. La abogada Hernández —como parte del equipo que acompaña a las víctimas— explicó que, aunque es la primera vez que ella personalmente recibe una amenaza por este hecho, los familiares de las víctimas ya habían sido amedrentados antes del asesinato de tres hermanos; esos hechos se pusieron en conocimiento de la Fiscalía y, conforme al relato, las amenazas terminaron concretándose.
Además, se indicó que los testigos directos también han recibido intimidaciones, lo que añade un componente de riesgo sobre la integridad de las personas que participaron en el proceso judicial y de quienes brindan acompañamiento legal y de derechos humanos.
Reacciones y demandas de organizaciones
El CAJAR emitió un comunicado en el que exige a las autoridades la activación de medidas de protección y la investigación diligente del hecho. Entre las solicitudes planteadas aparecen demandas dirigidas a autoridades nacionales y territoriales para garantizar rutas de prevención y la protección efectiva de defensores, víctimas y testigos.
- Activación de rutas de prevención por parte de Presidencia, Ministerio del Interior, Gobernación de Sucre y alcaldías.
- Convocatoria urgente de instancias territoriales de garantías.
- Investigación con debida diligencia por parte de la Fiscalía sobre los responsables de la amenaza.
- Que el Gobierno nacional reconozca la labor del CAJAR y del MOVICE y se abstenga de estigmatizaciones.
En su petición, la organización también solicitó informar a instancias internacionales pertinentes, en el marco de la protección de defensores y el seguimiento a violaciones de derechos humanos.
Implicaciones para la comunidad y el proceso judicial
Las amenazas contra personas que acompañan casos de violencia masiva afectan no solo a quienes las reciben, sino al conjunto de víctimas y a la posibilidad de avanzar en verdad y justicia. La intimidación a testigos, familiares y defensores suele aumentar la impunidad y desincentivar la colaboración con las autoridades judiciales.
En este caso, la solicitud expresada por la abogada de que la Fiscalía identifique el número desde el que se envió el mensaje apunta a un primer paso técnico para establecer responsabilidades y potenciales patrones de seguimiento que podrían poner en riesgo a terceros vinculados al proceso.
Cronología breve
| Hecho | Fecha / detalle |
|---|---|
| Masacre de La Guaripa | Ocurrió hace ocho años (sin fecha exacta en el reporte) |
| Sentencia condenatoria | Registrada en días recientes, según la información |
| Amenaza a la abogada | 18 de octubre, 1:05 p.m., vía WhatsApp |
| Denuncia | Reporte a la Fiscalía solicitando investigación del número |
La situación mantiene en alerta a organizaciones de derechos humanos y a la comunidad de Sucre, que exige a las autoridades respuestas claras y medidas de protección eficaces. La investigación de la Fiscalía sobre el origen de la amenaza será clave para determinar la magnitud del riesgo y la necesidad de medidas de protección adicionales para defensores, víctimas y testigos relacionados con el caso.
La presencia de intimidaciones previas, el homicidio de tres hermanos y la reciente sentencia al caso tornan la denuncia actual en un asunto de alta sensibilidad para la seguridad pública, la garantía de derechos y la confianza en el sistema judicial en Sucre.
