Dos camioneros de nacionalidad boliviana fueron condenados a cuatro años y ocho meses de prisión por intentar trasladar de manera irregular un cargamento de 35.144 kilos de acetato de etilo desde la frontera salteña. La sustancia estaba distribuida en 191 tambores y, según la investigación, el transporte se apoyaba en permisos adulterados y en un recorrido que no coincidía con la autorización declarada.
La sentencia fue dictada por la jueza Marta Liliana Snopek, integrante del Tribunal Oral Federal N.º 1 de Salta, luego de un acuerdo pleno con la Sede Fiscal Descentralizada de Orán. La acusación estuvo a cargo del fiscal federal subrogante Marcos Romero. El fallo consideró a los dos hombres coautores de contrabando agravado en grado de tentativa, en concurso ideal con el ingreso de las sustancias a una zona fronteriza sin la autorización exigida.
Un operativo en el paso Aguas Blancas-Bermejo
El procedimiento que permitió detectar el cargamento se realizó el 16 de marzo de 2026 en el paso internacional Aguas Blancas-Bermejo. Efectivos de Gendarmería Nacional detuvieron allí a los dos camiones y revisaron la documentación vinculada con la mercadería y el itinerario previsto.
Los papeles indicaban que los vehículos debían abandonar la Argentina por el paso internacional de Salvador Mazza y que el destino final sería Cochabamba, en Bolivia. Sin embargo, las unidades fueron encontradas en Aguas Blancas, con dominios y recorridos que no se encontraban autorizados para esa operación. Esa diferencia entre la ruta informada y el lugar donde se concretó la interceptación fue uno de los elementos considerados durante la investigación.
El valor de la mercadería y las irregularidades detectadas
El cargamento secuestrado fue valuado en $167.608.459. Se trataba de acetato de etilo, un solvente de uso industrial que, de acuerdo con las actuaciones, también puede ser empleado en procesos vinculados con el refinamiento de clorhidrato de cocaína. Por tratarse de una sustancia sometida a controles específicos, su circulación requiere permisos y registros oficiales.
Las pericias realizadas sobre la documentación determinaron que los permisos del Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE) habían sido modificados. Para darles apariencia de validez, se habría imitado el formato utilizado por el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). La adulteración de esos instrumentos fue incorporada al análisis del caso junto con el traslado por un punto fronterizo distinto del declarado.
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Personas condenadas | Dos camioneros bolivianos |
| Pena | 4 años y 8 meses de prisión |
| Sustancia | Acetato de etilo |
| Cantidad | 35.144 kilogramos en 191 tambores |
| Valuación | $167.608.459 |
| Lugar del operativo | Paso internacional Aguas Blancas-Bermejo |
Qué resolvió la Justicia Federal
Además de la pena de prisión, el tribunal estableció la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y otras sanciones previstas por el Código Aduanero. La resolución también ordenó el decomiso de los teléfonos celulares utilizados por los acusados, de la sustancia incautada y de los vehículos empleados para el traslado.
- Decomiso de los teléfonos celulares secuestrados.
- Decomiso de los 35.144 kilos de acetato de etilo.
- Decomiso del tractor y del semirremolque utilizados en la operación.
- Inhabilitación absoluta por el período correspondiente a la condena.
La decisión se produjo a partir de un acuerdo pleno entre las partes, una modalidad que permite resolver el proceso con aceptación de los hechos y de la pena acordada, bajo control del tribunal. En este caso, la resolución judicial fijó la responsabilidad de los dos transportistas por la maniobra frustrada en el corredor fronterizo del norte salteño.
El seguimiento de una ruta sensible
Aguas Blancas es uno de los puntos de conexión internacional de la provincia y concentra un movimiento permanente de personas, vehículos y mercaderías hacia Bolivia. En ese contexto, el control sobre los recorridos, los permisos y la naturaleza de las cargas resulta central para las fuerzas que intervienen en la frontera. El operativo mostró que una documentación presentada como respaldo podía ser contrastada con la ruta real y con el punto en el que fueron hallados los camiones.
La investigación contó con la coordinación de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y de la Red de Fiscales que interviene en este tipo de expedientes, además de la participación de la sede fiscal de Orán. El caso quedó encuadrado en la Justicia Federal salteña por la combinación de un traslado internacional, el cruce o permanencia en una zona de frontera y el uso de documentación presuntamente falsa.
El resultado final incluyó la pérdida de la mercadería y de los vehículos, además de una condena efectiva para ambos camioneros. La carga no llegó al destino consignado y fue retenida antes de completar el recorrido previsto. Para la investigación, la detección de los permisos adulterados permitió reconstruir una maniobra que intentaba presentar como regular el transporte de una sustancia sometida a controles especiales.
