Elementos de fuerzas federales y estatales ejecutaron operativos simultáneos en varios municipios de Zacatecas que culminaron con la detención de mandos de seguridad pública municipal, reveló la Fiscalía General de Justicia del Estado.
Arrestos y órdenes cumplimentadas
En la primera intervención, realizada en el municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, fueron cumplimentadas órdenes de cateo que permitieron detener a Cecilia “N” y a José Miguel “N”, este último identificado como director de Seguridad Pública del municipio de Momax. Según la autoridad, José Miguel contaba con un mandamiento judicial por el delito de facilitación delictiva.
En esa acción, las autoridades aseguraron material bélico y diversas sustancias, entre ellas una granada de fragmentación, cargadores, cartuchos y narcóticos, según el informe oficial.
De manera paralela, en el municipio de Río Grande se ejecutaron dos operaciones: primero se cumplimentó una orden de aprehensión contra José Alonso “N”, titular de Seguridad Pública municipal, y posteriormente una orden de cateo que derivó en la detención de Raúl “N”.
Delitos que se investigan
La Fiscalía informó que tanto José Alonso como Raúl son investigados por los delitos de secuestro agravado y extorsión agravada, cometidos presuntamente en perjuicio de productores del sector ganadero. Las investigaciones continúan para determinar la posible participación de otros servidores públicos o particulares.
Contexto y alcance en el estado
Con estas acciones, suman ya tres directores de Seguridad Pública detenidos en Zacatecas durante este año. En la lista previa se encuentra el exdirector de la policía municipal de Juchipila, quien, según la Fiscalía, ya fue vinculado a proceso y se encuentra bajo prisión preventiva.
Autoridades estatales recalcaron que las intervenciones fueron resultado de trabajos de inteligencia y coordinación entre corporaciones, con el objetivo de desarticular presuntas redes de delincuencia que podrían utilizar funciones públicas para cometer ilícitos.
- Lugares de las intervenciones: Tlaltenango de Sánchez Román, Momax y Río Grande.
- Principales delitos investigados: secuestro agravado, extorsión agravada y facilitación delictiva.
- Elementos asegurados: granada de fragmentación, cargadores, cartuchos y narcóticos.
Implicaciones para productores y seguridad municipal
La Fiscalía menciona que las víctimas de los delitos investigados pertenecen al sector ganadero, sin precisar números ni nombres. La detención de mandos policiacos localmente crea un vacío operacional en las corporaciones municipales y plantea la necesidad de medidas de contingencia para garantizar la seguridad ciudadana y evitar la desarticulación de investigaciones en curso.
Autoridades locales deberán nombrar encargados provisionales de las direcciones de Seguridad Pública en los municipios afectados mientras se resuelven las diligencias ministeriales. Además, la Fiscalía tendrá que presentar las pruebas necesarias para sostener las imputaciones y evitar la liberación por falta de elementos.
Registro de detenciones y próximos pasos
Hasta ahora, la Fiscalía ha informado sobre la ejecución de las órdenes y el aseguramiento de pruebas materiales. Los detenidos deberán ser presentados ante un juez de control para que se resuelva su situación jurídica en audiencias donde la autoridad ministerial exponga los datos de prueba que motivaron las órdenes.
| Persona | Cargo | Municipio | Presuntos delitos |
|---|---|---|---|
| Cecilia “N” | No especificado | Tlaltenango (cateo) | No especificado en el informe |
| José Miguel “N” | Director de Seguridad Pública | Momax | Facilitación delictiva |
| José Alonso “N” | Director de Seguridad Pública | Río Grande | Secuestro agravado, extorsión agravada |
| Raúl “N” | No especificado | Río Grande (cateo) | Secuestro agravado, extorsión agravada |
El proceso de investigación y judicialización continuará en los próximos días. La Fiscalía estatal anunció que dará seguimiento puntual a las diligencias para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y deslindar responsabilidades.
Ante estos hechos, autoridades municipales y estatales deben atender la confianza de la ciudadanía y reforzar los mecanismos de control interno y supervisión en las corporaciones de seguridad.
