El Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE) impuso un plazo de 24 horas a Meta para acreditar que aplica de manera equivalente sus políticas y algoritmos a las campañas de los candidatos presidenciales Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. La corte advirtió que, de no presentarse pruebas satisfactorias, la empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp se expondrá a una sanción de hasta 1.000.000 de reales diarios (aproximadamente $200.000 dólares) según el documento judicial obtenido por la agencia AFP.
Contexto del conflicto
La polémica surge a pocos días de la segunda vuelta electoral en Brasil, donde los sondeos más recientes señalan un empate técnico entre el mandatario Lula y el senador Flávio Bolsonaro. Tras la primera vuelta, la campaña de Lula presentó denuncias contra Meta por supuestas restricciones y trato desigual en plataformas como Instagram y WhatsApp, acusando además a la herramienta de inteligencia artificial de WhatsApp de una "selectividad algorítmica" que, según la denuncia, limitaría la generación de contenido electoral favorable a Lula pero no al otro candidato.
"interferencia"
Meta negó adoptar una posición parcial en los comicios y reconoció fallos técnicos puntuales, incluyendo la desactivación por error de anuncios de la campaña de Lula. Sin embargo, la empresa sostuvo que estos incidentes fueron de carácter técnico y no concentrados únicamente en Brasil.
Órdenes previas y nueva resolución
La semana anterior, un juez del TSE ya había ordenado a Meta aplicar las mismas reglas a ambas candidaturas hasta la celebración del balotaje, prohibiendo, entre otras medidas, la reducción desigual del alcance de contenidos, las recomendaciones preferenciales y resultados de búsqueda sesgados. La corte exigió expresamente que las herramientas de inteligencia artificial no favorezcan a ningún postulante.
En esa orden inicial se contemplaba una multa diaria de 500.000 reales (unos $100.000 dólares) por incumplimiento. No obstante, la nueva resolución judicial concluyó que Meta no acreditó haber acatado la mayoría de las obligaciones cuyo plazo ya venció, por lo que la sanción diaria decretada se elevó al monto actual.
Impacto y alcance
El fallo del TSE tiene implicaciones que van más allá de la disputa jurídica entre partidos y la empresa estadounidense. En el departamento del Meta, donde WhatsApp y Facebook son canales centrales para la comunicación política y comunitaria, cualquier cambio en el funcionamiento de algoritmos o en la moderación de contenidos puede alterar la dinámica informativa en campañas locales, en organizaciones sociales y en procesos de comercio electrónico y agronegocios que utilizan esas plataformas.
- Riesgo regulatorio: el caso subraya la creciente intervención de autoridades electorales sobre empresas tecnológicas en América Latina.
- Transparencia algorítmica: la exigencia del TSE apunta a forzar a Meta a demostrar que sus sistemas no favorecen a un actor político.
- Precedente internacional: sanciones de este tipo pueden inspirar acciones similares en otras jurisdicciones donde las plataformas dominan la comunicación pública.
Lo que exige la corte y las obligaciones de Meta
Entre las medidas ordenadas por la corte figuran:
| Medida | Objetivo |
|---|---|
| No reducir diferencialmente el alcance de contenidos | Garantizar visibilidad equilibrada entre candidatos |
| No favorecer con recomendaciones o resultados | Evitar sesgos en búsquedas y sugerencias |
| No priorizar candidatos mediante herramientas de IA | Eliminar ventajas injustas por decisiones automáticas |
La nueva resolución indica que Meta no presentó pruebas suficientes de cumplimiento de estos mandatos dentro de los plazos fijados por el tribunal.
Escenario inmediato
La empresa cuenta ahora con un lapso breve para documentar ante el TSE las medidas técnicas y operativas que garanticen trato igualitario entre campañas. Si no lo logra, las multas diarias podrían impactar las cuentas operativas de Meta y, sobre todo, consolidar jurisprudencia sobre responsabilidad de plataformas en procesos electorales.
El caso se mantiene en desarrollo y representa un punto clave en la discusión regional sobre la regulación de las grandes plataformas, la transparencia de algoritmos y la protección de procesos democráticos frente a herramientas tecnológicas. En el Meta, donde la conectividad digital condiciona tanto la economía rural como las agendas políticas locales, esta decisión de Brasil será observada con interés por autoridades y actores sociales.
