El uso de drones cargados con explosivos por parte de grupos armados ilegales se convirtió en una de las principales preocupaciones de seguridad para el suroccidente colombiano. Ante el aumento de estos ataques, el Gobierno nacional anunció un plan de choque destinado a reforzar la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública, una medida que adquiere especial relevancia para Nariño y Cauca.
La modalidad ha dejado de ser un hecho aislado dentro de las confrontaciones armadas. Las cifras de la Policía Nacional citadas en el reporte indican que entre abril de 2024 y el 8 de noviembre de 2026 fueron registrados 708 ataques con drones en distintas zonas del país. En esos hechos, los responsables habrían empleado aproximadamente 1.865 granadas lanzadas desde aeronaves no tripuladas.
Una amenaza que se extendió desde el Cauca
El primer caso incluido en ese registro ocurrió en Argelia, Cauca. Allí, integrantes de la estructura Carlos Patiño, perteneciente a las disidencias de las Farc, atacaron a miembros de la Fuerza Pública. Desde entonces, el empleo de estos dispositivos se ha extendido a otros departamentos y ha añadido una dificultad a las operaciones militares y policiales.
El balance conocido muestra que la tendencia se mantiene durante 2026. En lo corrido de este año se contabilizaron 314 ataques, una cifra que confirma el crecimiento de una táctica que permite a las organizaciones armadas golpear a distancia y modificar las condiciones de riesgo para quienes permanecen en zonas de confrontación.
| Periodo o indicador | Dato reportado |
|---|---|
| Registro nacional | 708 ataques entre abril de 2024 y el 8 de noviembre de 2026 |
| Munición empleada | Aproximadamente 1.865 granadas lanzadas desde drones |
| Casos en 2026 | 314 ataques contabilizados |
| Primer hecho incluido | Argelia, Cauca |
Nariño, entre los territorios bajo observación
En Nariño, la preocupación está relacionada con la presencia de grupos armados ilegales en diferentes áreas rurales y con la existencia de corredores estratégicos. El departamento comparte con el Cauca una dinámica de conflicto que combina zonas apartadas, dificultades para la movilidad institucional y rutas disputadas por organizaciones ilegales.
La amenaza no se limita a los uniformados que participan en operaciones. El uso de aeronaves no tripuladas con explosivos también expone a las comunidades que viven en territorios afectados por la confrontación y a las personas que deben desplazarse o trabajar en esos espacios. La posibilidad de ataques desde el aire agrega un factor de incertidumbre a actividades cotidianas que ya se desarrollan bajo presión por la violencia.
El alcance de los registros nacionales no permite establecer, con la información disponible, cuántos de los 708 hechos ocurrieron específicamente en Nariño. Sin embargo, el departamento aparece dentro del foco de atención por la actividad de grupos armados ilegales y por la importancia de sus corredores rurales. Esa condición explica que el anuncio del Gobierno tenga una lectura directa para las autoridades y las comunidades nariñenses.
Respuesta institucional anunciada
El plan de choque busca entregar a las tropas herramientas para enfrentar los ataques con drones. El anuncio se produce en un momento en que esta modalidad exige nuevas capacidades de detección, protección y reacción por parte de la Fuerza Pública, aunque el contenido conocido del plan no detalla todavía el número de equipos, unidades o recursos que serán destinados a cada departamento.
Además de la respuesta operativa, el Ministerio de Defensa trabaja en dos frentes institucionales. El primero es la elaboración de un documento CONPES, instrumento que permitiría fijar una política pública frente a este tipo de amenaza. El segundo corresponde a una iniciativa legislativa para establecer mayores controles sobre el uso de drones en Colombia.
- Refuerzo de las capacidades de la Fuerza Pública frente a aeronaves no tripuladas.
- Preparación de un documento CONPES sobre la amenaza de los drones.
- Trámite de una iniciativa legislativa para aumentar los controles sobre estos dispositivos.
La discusión normativa tendrá que diferenciar entre el uso ilegal de drones como instrumentos de ataque y las actividades civiles que emplean esta tecnología. En el caso de Nariño, cualquier estrategia deberá considerar las particularidades de sus zonas rurales y los riesgos que enfrentan las comunidades en medio de la presencia armada.
Un reto que trasciende la operación militar
El aumento de los ataques plantea un desafío que no se resuelve únicamente con más presencia en tierra. La protección de la población, la anticipación de los riesgos y la coordinación entre las autoridades serán elementos centrales para reducir el impacto de esta modalidad en los territorios afectados.
Mientras avanzan el plan de choque, el documento CONPES y la propuesta legislativa, las cifras muestran la dimensión del problema: 314 ataques en 2026 y más de setecientos desde abril de 2024. Para Nariño, donde persisten corredores estratégicos bajo presión de grupos armados, el anuncio representa una respuesta inicial frente a una amenaza que ya forma parte del escenario de seguridad del suroccidente.