La Defensoría del Pueblo emitió un llamado urgente para reforzar la protección de la población civil en el Catatumbo, región de Norte de Santander, tras una serie de ataques con drones que se han registrado durante el presente año en los municipios de El Tarra, San Calixto y El Carmen.
Impacto humanitario y respuesta local
Según el informe de la entidad, los incidentes con drones se suman a las confrontaciones y las amenazas que ya registran esos territorios, provocando desplazamientos masivos de familias que buscan alejarse de riesgos físicos y psicológicos. En respuesta, las personerías municipales han brindado atención y orientación a las personas que han llegado a los municipios afectados, mientras se realiza seguimiento a la evolución de la situación humanitaria.
La Defensoría recordó que, conforme al derecho internacional humanitario (DIH), la población civil y sus bienes no deben ser objetivos ni verse involucrados en hostilidades, y reiteró la obligación del Estado de garantizar condiciones para que las comunidades permanezcan en sus territorios, se movilicen de forma segura y accedan a servicios esenciales y asistencia humanitaria.
“Asimismo, reiteramos la obligación del Estado de garantizar los derechos de las comunidades, incluidas las condiciones para permanecer en sus territorios, movilizarse de manera segura y acceder a servicios esenciales y asistencia humanitaria”.
Llamados específicos y acciones de monitoreo
La Defensoría solicitó a la Gobernación de Norte de Santander y a las alcaldías de San Calixto, El Tarra y El Carmen que fortalezcan y activen los mecanismos de prevención, protección y atención humanitaria, ajustados a los riesgos y necesidades identificadas en cada territorio. De igual forma, instó al Gobierno nacional y a las entidades competentes a mejorar la coordinación con las autoridades locales para verificar los hechos, identificar riesgos y garantizar atención integral a las personas afectadas.
La entidad anunció que continuará con acciones de monitoreo, prevención, acompañamiento e incidencia institucional en el marco de sus competencias, con el propósito de contribuir a la protección de los derechos humanos y hacer seguimiento a la evolución de la situación humanitaria en el Catatumbo.
Qué pide la Defensoría: resumen de medidas
- Activar y fortalecer mecanismos locales de prevención y protección.
- Garantizar la movilidad segura y el acceso a servicios esenciales para la población civil.
- Mejorar coordinación entre Gobierno nacional, Gobernación y alcaldías para verificar hechos y atender integralmente a los afectados.
- Continuar labores de monitoreo, acompañamiento y denuncia para hacer seguimiento del riesgo humanitario.
Responsabilidades y seguimiento
La Defensoría enfatizó la obligación del Estado frente a la protección de civiles en contextos de conflicto y urgió a las autoridades territoriales a adaptar medidas según las necesidades locales. Para garantizar mayor claridad sobre las responsabilidades, la entidad propuso —según su comunicado— una línea de acción conjunta entre autoridades locales y nacionales orientada a la verificación de hechos y a la atención integral de las personas afectadas.
| Responsable | Acción solicitada |
|---|---|
| Gobernación de Norte de Santander | Fortalecer mecanismos de prevención, protección y atención humanitaria |
| Alcaldías de San Calixto, El Tarra y El Carmen | Activar protocolos locales según riesgos identificados |
| Gobierno nacional y entidades competentes | Mejorar coordinación con autoridades territoriales para verificar hechos y garantizar atención integral |
| Personerías municipales | Continuar atención y orientación a las familias desplazadas |
La situación en el Catatumbo continúa siendo volátil: la combinación de ataques con drones, confrontaciones armadas y amenazas genera un entorno de riesgo permanente para las comunidades. La Defensoría se mantiene en labores de seguimiento para determinar el alcance de los desplazamientos y las necesidades humanitarias emergentes.
Queda en manos de las autoridades departamentales y nacionales traducir los llamados de la Defensoría en acciones concretas que reduzcan la exposición de civiles y garanticen asistencia oportuna. Mientras tanto, las personerías y las organizaciones que operan en terreno mantienen labores de atención primaria para mitigar los impactos inmediatos sobre las familias desplazadas.
Pedro Solis
Corresponsal en Norte de Santander
