Sesión clave en el Concejo por tributos y la continuidad educativa
El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán celebra una sesión ordinaria que tiene en su orden del día dos iniciativas impulsadas por la intendenta Rossana Chahla con fuerte impacto administrativo y presupuestario: la compra de los inmuebles donde funciona la Escuela Municipal y Cooperativa Gabriela Mistral y la eliminación de 59 tasas y conceptos tributarios municipales.
La sesión, que comenzó a las 9 y está presidida por Fernando Juri, incluye además siete proyectos de ordenanza y cinco resoluciones. Oficialismo y oposición llegan con posturas contrapuestas: el Ejecutivo plantea que la quita de tasas disminuirá la burocracia y costará apenas el 1,5% del gasto fiscal, mientras que la bancada opositora exige conocer montos, tasaciones y detalles de la operación inmobiliaria.
De la expropiación a la compraventa: cómo llegó el caso al recinto
El expediente sobre la Gabriela Mistral vuelve al Concejo tras un conflicto jurídico que implicó una ordenanza del año pasado. En noviembre de 2024 se aprobó la Ordenanza 5.390 que declaraba de utilidad pública y sujetos a expropiación tres inmuebles de la cooperativa. Sin embargo, la medida fue frenada por la Justicia y en mayo de este año la Corte Suprema de Justicia de Tucumán dejó firme un fallo que declaró inconstitucional esa expropiación, al sostener que la competencia para declarar la utilidad pública correspondía a la Legislatura provincial.
Tras ese fallo, el Ejecutivo municipal propuso como alternativa la adquisición por compraventa de los edificios para asegurar la continuidad de las actividades educativas que allí se desarrollan.
Qué se compra y cómo se justifican los fondos
El proyecto que ingresa al recinto solicita autorización para adquirir, mediante contratación directa, cuatro inmuebles donde actualmente funciona la institución. Las direcciones incluidas en la iniciativa son:
- Juan José Passo 169
- Juan José Passo 171
- Mendoza 2176
- Pasaje Roma 174
El Ejecutivo sostiene que la operación es la vía para garantizar la continuidad educativa, evitando nuevas disputas judiciales que podrían afectar el dictado de clases. Además, el proyecto viene con un dictamen de mayoría que autoriza la operación y faculta al Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias.
La compraventa surge como alternativa para resolver el conflicto tras la declaración de inconstitucionalidad de la expropiación, según consta en el expediente.
Disenso en el Concejo: pedidos de tasación y transparencia
La oposición presentó un dictamen de minoría, impulsado por el concejal Leandro Argañaraz y acompañado por Alfredo Terán de Zavalía en la Comisión de Hacienda. Ese bloque exige una tasación oficial y la entrega de información puntual sobre los precios y condiciones de la compra antes de autorizar la contratación directa.
En paralelo, la propuesta de eliminación de 59 tasas y conceptos municipales —que incluye certificados, inspecciones y habilitaciones— genera debate político. El oficialismo argumenta que simplificar estos trámites reducirá la carga administrativa sobre vecinos y comerciantes y que el impacto fiscal será mínimo: un 1,5% del presupuesto municipal. Los ediles opositores, sin embargo, piden un desglose que permita evaluar con precisión el efecto en las cuentas comunales.
| Asunto | Estado |
|---|---|
| Compra de inmuebles Gabriela Mistral | En tratamiento (autorización solicitada para contratación directa) |
| Eliminación de 59 tasas municipales | En debate (dictamen de mayoría y minoría presentados) |
Implicancias locales y próximo paso
La votación en el Concejo definirá si el Ejecutivo queda facultado de inmediato para avanzar con la compra por contratación directa y si la baja de tributos se implementa con las modificaciones presupuestarias propuestas. De aprobarse la compraventa, la Municipalidad podrá hacerse con los inmuebles sin regresar a la vía judicial; si se rechaza o si se exige tasación y mayor documentación, la resolución podría demorar y extender la incertidumbre sobre la sede escolar.
En lo político, la sesión expone tensiones entre la necesidad de soluciones administrativas rápidas para garantizar servicios públicos y las demandas de la oposición por mayores controles y transparencia en el uso de recursos. La decisión local tendrá efecto directo sobre la comunidad educativa que funciona en esos edificios y sobre comerciantes y vecinos alcanzados por los cambios tributarios.
La discusión continuará en las próximas horas en el recinto y quedará a la vista si el Ejecutivo logra la mayoría necesaria para concretar ambas iniciativas tal como fueron presentadas.
